Es incomplejo hablar de la incursión laboral, la precarización y la mendicidad, porque no tenemos índices claros. Justamente el INE, el Instituto Nacional de Estadística, cuando realiza la encuesta nacional, ni siquiera toma en cuenta en sus preguntas a las personas con discapacidad. Por eso no sabemos cuántas personas con discapacidades hay en Bolivia.
Los únicos datos que tenemos son aquellos de la carnetización, pero no todas las personas están carnetizadas. Entonces los datos que tenemos son muy diversos y eso alimenta mucho más la precarización y la invisibilización de las personas con discapacidades en todo el territorio nacional.
Pensando en la inserción laboral, legalmente existe la Ley 223 y también la Ley 977, que es la que respalda la inserción laboral de las personas con discapacidad. Tenemos entonces dos leyes que hablan claramente sobre este tema. Sin embargo, a pesar de este marco teórico, que se queda muchas veces en teoría sobre cómo debería ser la inserción laboral, en la práctica no se cumple.
La normativa indica que por lo menos todas las instituciones deberían tener un porcentaje mínimo de personas con discapacidades. El Estado debería tener en todas sus dependencias un mínimo del cuatro por ciento de trabajadores con discapacidad y las instituciones privadas un mínimo del dos por ciento. Pese a que existe esta ley, la inserción laboral no se cumple y la discriminación es mucho mayor.
Además, la informalidad laboral es muy fuerte, no solamente para personas con discapacidades. Muchas personas trabajan en el ámbito informal. En ese contexto, muchas personas con discapacidades, y también muchas abuelitas, podemos verlas en las calles, en la mendicidad, pidiendo algún tipo de ayuda económica porque no existen posibilidades reales para ellas.
Es importante tomar en cuenta que en Bolivia esto no puede comprenderse como una problemática de acceso individual al empleo. Se trata de una dinámica estructural del sistema económico y del Estado que reproduce este tipo de prácticas, como la exclusión laboral. Es un resultado directo de un modelo que prioriza la productividad, es decir, los cuerpos que pueden producir. No importa cuán capacitada esté, entre comillas, una persona con discapacidad, de todas formas es muy difícil que acceda a un trabajo en condiciones dignas.
Esto ha vuelto muy desleales las relaciones laborales y genera mayores dificultades y muchas barreras para acceder a un trabajo digno. Sinceramente, no conozco personas con discapacidades que estén trabajando en relaciones laborales dignas, excepto aquellas que están en instituciones del Estado vinculadas al área de discapacidad.
Incluso las instituciones privadas que trabajan con discapacidad, como ONG o fundaciones, no incluyen profesionales con discapacidad en sus equipos de trabajo, en ninguna área. En la práctica, no incorporan a personas con discapacidades en sus espacios laborales (…)
Creo que esto tiene que ver fundamentalmente con la mirada capacitista. Las personas con discapacidades en el mundo hablamos del capacitismo como una forma de violencia estructural que se ejerce en toda la sociedad. No se trata solamente de la posibilidad de acceder al trabajo, sino también del hecho de que una mujer con discapacidad pueda ser madre o elegir vivir libremente.
Esta mirada capacitista ejerce una violencia estructural que se combina con el capitalismo y produce un abandono casi total, no solamente por parte del Estado, sino también por parte de la sociedad.
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