Las recientes elecciones subnacionales nos demostraron una reconfiguración de la política local de los territorios que conforman Bolivia, algunos escenarios ya habían sido previstos, otros merecen análisis profundos como los que nos trae Luciana Jauregui en esta ocasión
La cuestión de la deslegitimidad y la crisis del Órgano Electoral ha sido transversal, la llevamos arrastrando desde hace muchos años atrás a nivel nacional. Es una crisis que no se ha podido resolver y que se ha acrecentado mucho más
Pero el problema es que eso se ha traducido en una implementación ineficiente del proceso electoral dentro de varios departamentos. Entonces tenemos este fenómeno de Santa Cruz, donde hay poblaciones en las que no se ha votado, ha habido equivocación de papeletas, que en los hechos ha implicado recortar los derechos políticos de determinadas poblaciones. Y en muchos otros casos, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, ha habido también una judicialización del proceso electoral, donde hay candidaturas que se habilitan o no se habilitan según las condiciones. Incluso podemos pensar en el caso de El Alto, donde no en vano la victoria del nulo es también una protesta por cómo se ha ido jugando con la habilitación o inhabilitación de las candidaturas.
En el fondo estamos viviendo es una crisis de la institucionalidad, con una arbitrariedad también de las reglas del juego. Es decir, ya no podemos hablar de un campo de juego imparcial, neutro, nivelado, por lo menos con reglas claras, sino que en este momento hay muchos cuestionamientos para adelante y se hace notoria una cierta funcionalización de las autoridades electorales respecto al poder político. Y eso hace que los procesos carezcan de legitimidad, de credibilidad, y que se generen estos fenómenos. Entonces yo creo que hay un desafío muy grande ahí para construir institucionalidad, porque ni siquiera se puede confiar en los árbitros que de alguna forma debían regular la competencia política. Eso nos presenta un desafío mayor, porque no hablamos solamente de crisis de mediación, sino de crisis de la institucionalidad, que ahora está en el Órgano Electoral, pero como todos sabemos, se traslada al Órgano Judicial, al propio Órgano Legislativo.
Hay un proceso de cambio estructural del territorio, donde el territorio se constituye actualmente en el elemento central de cohesión y de disputa, porque gran parte de lo que viene ahora para adelante va a ser el control de los recursos públicos, pero también el control de los recursos estratégicos, medioambiente, recursos naturales. Entonces el territorio va a cobrar centralidad.
Ahora, en ese escenario macro, hay que entender lo que se estaba disputando a nivel de control territorial en estas elecciones subnacionales. Una de las luchas centrales era la capacidad del gobierno de construir o no una estructura territorial nacional. No hay que olvidar el escenario contingente, provisional, casi azaroso sobre el que gana el gobierno de Rodrigo Paz, y precisamente las elecciones subnacionales eran un escenario para tener una estructura de la que carecía hasta ahora.
Es decir, vemos una proliferación de siglas, candidaturas dispersas, lógicas pragmáticas, un proceso inclusive de desideologización, que nos muestran que, si bien todavía las fuerzas posmasistas controlan ciertos municipios, se habla de alrededor de 50, es proceso de fragmentación, donde los municipios son cada vez escenarios mucho más disputados, donde no hay una sola lógica que explique la competencia política y electoral a nivel nacional, sino que en cada lugar se disputan cosas distintas. Podemos hablar, si se quiere, de la constitución de los territorios como espacios propios de competencia política, donde ya no reproducen simplemente las dinámicas nacionales, sino que cada territorio tiene su lógica y se disputan cosas distintas.
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