Si pudiéramos definir en un concepto lo que es actualmente la minería y la política del gobierno, que no es nueva, diríamos que es la política del «dejar hacer, dejar pasar». No hay una política que asuma los intereses del país en función de la explotación de la minería. No hay normativas que se cumplan y, naturalmente, esto deriva en un caos administrativo, un caos jurídico y hasta un caos de delincuencia.
Esta situación es muy compleja y no se debe a ahora, sino a todo el proceso de transición que hemos atravesado después de la República, con la promulgación de la nueva Constitución, que ha querido dar un rumbo a la actividad minera dentro del desarrollo nacional. La Constitución plantea que la explotación de los recursos naturales tiene que servir, básicamente, para el desarrollo nacional y para su diversificación a través de la industrialización de los recursos naturales. Lamentablemente, este gran objetivo no se ha impuesto en el cotidiano de los actores mineros. Entonces, cada uno ha seguido con su propia lógica, aprovechando un vacío jurídico que ha dejado el proceso de transición del modelo extractivista al modelo industrializador.
Esta etapa de transición, que debía durar un año, se ha prolongado por más de 20 años, con sucesivos aumentos y ampliaciones del plazo de adecuación. Naturalmente, esto ha dado paso a que continúe la explotación bajo el viejo sistema y a que se amplíe la producción hacia otros sectores y otras áreas sin adecuarse a la normativa.
El Ministerio de Minería dice que hay 5.000 contratos mineros pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa. Pero hay que pensar que anteriormente existían cerca de 3.000 concesiones mineras que debían adecuarse al nuevo sistema. Entonces, hay muchas concesiones que hasta ahora no se han legalizado conforme a las normativas establecidas por la Constitución y por la propia Ley Minera.
Entonces, hoy, cuando se realiza una cumbre, se quiere arreglar toda esta situación, cuando en realidad no existe la voluntad política de cumplir lo que establece la ley y lo que dispone la Constitución Política del Estado.
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