La historia de Bolivia está plagada de ejemplos de torturas, masacres y otros tipos de violencia organizada desde el Estado. La diferencia entre la violencia estatal y la violencia de un grupo criminal es que el uso intencionado de la fuerza por parte del Estado hacia miembros de la población civil es legítimo y legal. El Estado, en cuanto garante del bienestar, la justicia y la seguridad de la ciudadanía, tiene una función civilizadora.
Cuando el gobierno asesina, tortura, hiere o maltrata a cualquier persona, abusa de su poder y esa función civilizadora se desvirtúa por una práctica de barbarie. Aunque, indudablemente, los acontecimientos más aterradores están ligados en nuestra memoria a las épocas dictatoriales, los gobiernos constitucionalmente elegidos no han dejado de utilizar los aparatos represivos contra las demandas socioeconómicas de las clases empobrecidas.
Su objetivo consiste en destruir deliberadamente no solo el bienestar físico y emocional de la persona, sino también, en ciertos casos, la dignidad y la voluntad de comunidades enteras. Es algo que concierne a todos los miembros de la familia humana, porque ataca la base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un futuro mejor. Por eso es importante no callar ni permitir las formas contemporáneas de represión y visibilizar que, aún estando en democracia, la violencia de Estado es un realidad.
Con ese objetivo, compartimos estos reportajes en los que escuchamos testimonios y a especialistas en el tema:
