El 8 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz Pereira fue posesionado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A seis meses de su gobierno, las movilizaciones que exigen su renuncia se han extendido por diversos territorios y sectores sociales del país. Para que, en un tiempo tan breve, este pedido haya sido asumido por amplios sectores de la población, han ocurrido varios hechos que nos pueden ayudar a explicarlo.
El gabinete ministerial del nuevo gobierno marcó una declaración de intenciones muy clara con la presencia de personajes ligados directamente al sector agroindustrial exportador, al complejo empresarial financiero, de la construcción, de los medios de comunicación hegemónicos y de sectores mineros. A ello se sumó prontamente el cierre del Ministerio de Justicia y el levantamiento de impuestos a las grandes fortunas.
En diciembre del año pasado se dictó el Decreto 5503 que, entre otras cosas, levantaba la subvención a los carburantes, permitía la invasión del Ejecutivo en competencias legislativas, habilitaba procedimientos fast track y otros mecanismos administrativos, así como la vulneración de derechos ambientales e indígenas para facilitar la expansión extractiva sin control y el acaparamiento de tierras. Además, generaba condiciones para el blanqueamiento y la amnistía de capitales, entre otros temas.
En diciembre del año pasado y enero de este 2026, una gran movilización del movimiento social, a pesar de su debilitamiento y fragmentación, impulsada por la Central Obrera Boliviana y las organizaciones campesinas e indígenas, logró la abrogación de dicho decreto.
En febrero se levantó la subvención a los combustibles, medida que contó con la aceptación de gran parte de la población, a pesar de su efecto en los costos de la canasta familiar. Sin embargo, esa medida perdió respaldo rápidamente debido a la importación de la llamada «gasolina basura», que dañó miles de automotores, y a la continuidad de las largas filas de abastecimiento, lo que no justificaba pagar más. Junto a este hecho se dieron una serie de otros casos que fueron develando indicios serios de corrupción a gran escala en sectores y personeros del gobierno.
El 11 de abril se realizó un cabildo en la ciudad de El Alto, donde se exigió el respeto a la Constitución Política del Estado, la rebaja de salarios a autoridades del Estado, la anulación de rentas vitalicias a expresidentes y vicepresidentes y la garantía de no privatización de empresas estatales. Este cabildo dio un plazo de quince días para que el gobierno respondiera y se establecieran procesos de diálogo y negociación.
Ese mismo mes se aprobó la Ley 1720 de Conversión de la Pequeña Propiedad a Mediana que, bajo el pretexto de habilitar las tierras de familias campesinas para el acceso a créditos bancarios, pretendía en realidad impulsar el mercado de tierras, facilitar el acaparamiento de las mismas en territorios indígenas protegidos y, además, habilitar tierras inscritas de manera fraudulenta como pequeñas, pertenecientes al sector latifundista y agroindustrial exportador, en mejores condiciones de mercado y para acceder a subvenciones estatales.
También en abril se inició la marcha campesina e indígena desde la Amazonía boliviana, exigiendo la abrogación de esa ley, la cual, luego de más de un mes de caminata, llegó a La Paz, sede de gobierno.
Ya el 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana declaró huelga general indefinida por aumento salarial y por la agenda planteada en el cabildo de abril. Casi de inmediato, el sector campesino e indígena convocó a bloqueos de caminos. A ello se sumaron movilizaciones y demandas de diversos sectores que generaron una amplia movilización y cortes de caminos y calles, aunque la huelga misma fue muy débil.
El 13 de mayo se logró la abrogación de la Ley de Conversión de la Pequeña Propiedad a Mediana, aunque el gobierno alcanzó un acuerdo en el Legislativo para implementar una nueva ley con características similares en un plazo de sesenta días.
A pesar de este logro, la movilización ya estaba instalada, con entre cuarenta y cien puntos de bloqueo durante todo el mes de mayo y gran parte de junio, alcanzando hasta ocho de los nueve departamentos del país en diferentes momentos. Finalmente, la movilización se unificó en una sola demanda: la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira…
Este es un reportaje original de la Radio Wayna Tambo – Red de la diversidad, para la Fundación Rosa Luxemburgo.
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