Entre los procesos centrales de la larga noche neoliberal en Bolivia están las privatizaciones de la década de 1990. Hace unos años una comisión especial mixta de investigación se dedicó a realizar un trabajo exhaustivo de este periodo de enajenación de empresas estatales. ¿Por qué es importante revisar esas páginas de nuestra historia 36 años después? Porque entorno a esta estrategia existió una red de poderes políticos, empresariales y familiares que no solo está relacionad con el gobierno actual, sino que es partícipe directa de él. Paloma Gutiérrez nos compartió los resultados clave de esta investigación:
La Ley 1330 de Privatización fue promulgada, autorizada y firmada únicamente por tres personajes del gobierno de ese momento: el presidente Jaime Paz Zamora, el ministro de Planeamiento y Coordinación, que era el ministerio encargado de la privatización, Samuel Doria Medina, y el ministro de Finanzas, Jorge Tuto Quiroga.
Con esta ley se estableció un listado de empresas que iban a someterse, como lo llamaban entonces, a un proceso de “reordenamiento”. La característica de la privatización era que se vendía la empresa en marcha, los activos, los contratos o las concesiones. También podía darse mediante la cesión de derechos o fórmulas mixtas, pero siempre suponía la transferencia directa de bienes públicos del Estado al sector privado.
Posteriormente surgió otra modalidad. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, criticó la privatización porque consideraba que el Estado se quedaba sin nada. Entonces inventaron una nueva modalidad de enajenación: la capitalización. Para este gobierno era importante que no todo el dinero se fuera al exterior y que, según su planteamiento, la mitad de las inversiones permaneciera para los bolivianos.
Un discurso de fondo, una premisa común a todos esos gobiernos, era que el Estado era un mal administrador y un mal gestor de los bienes públicos, mientras que quienes sabían administrarlos eran los empresarios privados. Sin embargo, cuando estudiamos la historia de la construcción de cada una de estas empresas, vemos que durante gran parte del siglo XX cumplieron una función social y económica, y en muchos casos lograron sostenerse de manera rentable bajo propiedad, gestión y administración estatal.
También hemos podido detectar que existió una intencionalidad directa de volverlas deficitarias. No solo se afirmaba discursivamente que el Estado era un mal administrador, sino que se tomaban medidas políticas y económicas para que las empresas dejaran de recibir recursos. Esto generaba dificultades para continuar operando, hacía caer sus indicadores y permitía, entre comillas, demostrar que eran deficitarias. Así se justificaba su transferencia a quienes tenían el conocimiento de la administración empresarial.
Identificamos 55 individuos que aparecen tanto como actores de la enajenación como beneficiarios de ella, ya sea de manera directa o a través de parientes, familiares o empresas privadas. Después de identificar estos vínculos, localizarlos y ubicarlos en redes familiares, empresariales y políticas en un red de poder, hemos elaborado tres grandes subredes que giran en torno a un actor central. Eso también es lo que aporta esta categoría de análisis de las redes sociales de poder: la existencia de actores centrales, actores secundarios y la manera en que se articulan mediante distintos vínculos.
La primera es una red cuyo actor central es Gonzalo Sánchez de Lozada, en ese entonces presidente de la república, y se caracteriza por el ámbito minero y bancario. Estos actores participan, pertenecen o son propietarios de numerosas empresas mineras y también de bancos.
La segunda subred está articulada en torno a Samuel Doria Medina, empresario y político, en aquel momento comenzó como técnico, luego fue director y posteriormente viceministro. Pero no de cualquier viceministerio, sino del encargado de la enajenación. Al mismo tiempo ya contaba con su empresa cementera, SOBOCE.
La tercera subred gira en torno a Raúl Garafulic Gutiérrez, conocido principalmente por su actividad empresarial privada, vinculada a los medios de comunicación, aunque también participó en empresas de servicios y empresas productivas. Tuvo además una relación política, no tanto como autoridad, aunque llegó a ser embajador en España durante algunos meses, sino por su vínculo directo con Hugo Banzer Suárez. Fue su asesor y participó incluso durante el período en que Banzer fue dictador. Se lo conocía como una figura muy cercana a ADN.
Estas tres subredes de poder coincidían también con los tres grandes partidos políticos de la época: Gonzalo Sánchez de Lozada con el MNR, Samuel Doria Medina con el MIR y Raúl Garafulic con ADN.
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