Categoría: TEMAS

Por:Elmer Peña y LilloYembatirenda/Tarija

El Censo de Población y Vivienda realizado el año 2012 en Bolivia, evidenciaba la réplica de la tendencia de urbanización que se da en los países del hemisferio sur, el 67,5% de la población boliviana residía en el área urbana con una tendencia intercensal de crecimiento del 5%, significaría que hacia el 2022 la población con residencia urbana alcanzaría el 72%. Si bien el criterio de la modernidad planteado por occidente en sus inicios era el de liberar a las “fuerzas productivas de las penurias de la agricultura”, para incorporarlas a los florecientes procesos industriales urbanos; en el caso de Bolivia la realidad nos muestra que el proceso de urbanización ha llevado a la fuerza de trabajo principalmente hacia actividades de prestación de servicios y en menor medida ha procesos industriales, substancialmente por el carácter de dependencia y subordinación que tenemos con respecto a los designios que establece el “Capital” en función a los intereses de los accionistas de las empresas transnacionales y viabilizadas por los gobiernos de los denominados “países desarrollados”, situación conocida como “División Internacional del Trabajo”, tal vez esta afirmación nos parezca muy reiterativa, panfletaria o quizás obvia; pero lamentablemente en toda nuestra historia como país, han sido estos intereses los que han determinado nuestro acomodo, nuestra función y nuestras posibilidades en la economía mundial, signándonos como los proveedores de materias primas y ahora denominada como “extractivismo”.

Sin embargo han sido los momentos de insubordinación social a estos designios, los que han propiciado la recuperación de los excedentes/ganancias de las rentas país generadas por la extracción de materias primas, las que de una u otra manera han posibilitado incrementar la inversión pública estatal y con ello procurar que se dinamice y diversifique la economía, momentos tales como la expropiación de los yacimientos petrolíferos de manos de la Standar Oil en 1936, la nacionalización de las minas en 1952, la recuperación del control sobre los hidrocarburos en 2006; todos ellos quiérase o no han sido viabilizados por esa movilización social activa, que contrariaba a los intereses del “Capital” y desarmaba inicialmente a todo el entramado de complicidad establecida por determinados sectores sociales, que a través del control de la institucionalidad estatal fomentaban la subordinación y por ende la dependencia. Pero también ha sido recurrente que estos momentos de insubordinación social no han sido de larga duración, pues la movilización ha tendido a ser controlada para que no se radicalice, en un juego de tensión entre los sectores sociales emergentes, propugnadores de un nuevo orden en las relaciones sociales y económicas, con los sectores sociales desplazados que pretenden mantener el antiguo orden establecido en el ámbito del funcionamiento de esa institucionalidad nominada como “Estado”, resultando al tiempo que los emergentes son absorbidos por los mecanismos de reproducción social que tiene la institucionalidad, funcional a la articulación con el “Capital”.

Co-autoras: Laura Suaznabar Terrazas y Estefanía Suárez La Fuente, La Paz, Bolivia, 2015.

Recomendaciones de mecanismos para mejorar la implementación de la Ley Nº348 y conclusiones

Respecto a la forma del sistema y la ley 348

-          Existe LEY y los feminicidios han aumentado. De la misma manera todos los tipos de violencia se están incrementando de una manera impresionante, así como la crueldad con la que son cometidos. Muy pocas personas conoce que se han definido 16 distintos tipos de violencia en nuestra legislación y la peor de las fallas es que sólo se han tipificado dos, es decir que sin un tipo penal para los demás 14 distintos tipos de violencia, no se las puede reclamar y no constituyen un delito que active la posibilidad de activar el derecho subjetivo con el que toda víctima debería contar. - La Ley en estudio cuenta con contenidos que de aplicarse harían algún bien para frenar la violencia, y es más, éstos se consideran los más avanzados en América Latina pero no se aplican ni en un 10% ya que no ha habido presupuesto para ejecutar y aplicar la Ley. Una recomendación muy importante es la de extensión de partidas presupuestarias para la ejecución y aplicación de esta Ley, la preocupación política por esta alarmante masacre que se está cometiendo contra la integridad de las mujeres.

-          Considerando que se repiten efectos re-victimizadores y machistas en las instituciones que atienden a las mujeres, se recomienda que el personal sea especializado, que se impartan cursos de especialización además de un control en las funciones de estos trabajadores que asisten a las víctimas. Además, con respecto a la especialización, se recomendaría que antes de contratar, exista un importante sistema de filtros para seleccionar a personal con una manera de pensar y actuar adecuada al buen trato de una víctima de violencia.

Por: Pablo Medina Yembatirenda/Tarija

En el presente texto te compartimos algunas reflexiones y puntos de análisis que se plantearon en el marco del programa radial “Tertulias con sabor a mate y coca” emitido por la FM100.6 Yembatirenda-de la Red de la Diversidad en la ciudad de Tarija.

En los últimos años, una de las temáticas que regionalmente se ha planteando en el imaginario de la gente, es que los recursos económicos del departamento están disminuidos, tanto para la Gobernación como los municipio además de la Universidad de Tarija, producto del descenso de precios de hidrocarburos a nivel internacional y el consecuente descenso de ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH.

Un tema planteado mediáticamente (y ahora presente en el imaginario de la gente), es que a partir de ésa disminución se han explicado la falta de ejecución de proyectos, sobre todo a nivel de gobernación; otra de las explicaciones para entender la escases de recursos, tiene que ver con el mal manejo de gobiernos anteriores, en todos sus niveles y sobre todo la “intensión” del gobierno central de afectar a todo del Departamento.

Una situación que vale la pena conversarlo, porque, reiteramos, en el imaginario de la gente quedan clichés lanzados mediáticamente y que resultan muy funcionales políticamente, a la hora de presionar por concesiones, generando conflictos regionales.

Una de las preocupaciones a partir de ello es saber: ¿qué tan grande es el impacto de la disminución de los recursos que ingresan por el IDH a la Gobernación tarijeña? ¿Qué otros elementos hay que tomar en cuenta al momento de impulsar proyectos a nivel municipal y departamental?

Son varios los temas que se deben abordar pero vayamos planteando algunos elementos de contexto.

Para empezar, sí, efectivamente hay una disminución de recursos en las entidades públicas y con efectos negativos, particularmente en el gobierno departamental.

Hasta el año 2014 hubo un ascenso en los ingresos al presupuesto departamental de Tarija, casi 4 mil millones de bolivianos, pero desde el 2015 al 2018 esos ingresos disminuyeron a mil ochocientos millones de bolivianos, y un dato importante a considerar es que el monto del presupuesto para la gobernación tarijeña, es equivalente al presupuesto de tres departamentos, por ejemplo Chuquisaca, Oruro y Beni.

Entonces en cuanto a presupuestos gubernamentales, Tarija esta en primer lugar en Bolivia con alrededor de 1800 millones de bolivianos, luego Santa Cruz con alrededor de 1300 millones de bs, La Paz con 1200 millones de bs y el resto de los departamentos entre 600, 500 millones de bs de acuerdo al tamaño de departamento; por eso, comparado el presupuesto de la gobernación de Tarija equivale al presupuesto de Chuquisaca, Oruro y Beni, entonces es incomprensible cómo las gobernaciones de los departamentos citados pueden hacer inversiones, ejecutar proyectos y la de Tarija no!

Tomado del libro ”¿CÓMO SE SOSTIENE LA VIDA EN AMÉRICA LATINA? FEMINISMOS Y RE-EXISTENCIAS EN TIEMPOS DE OCURIDAD (2019), publicado por el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Disponible para libre descarga en: https://www.rosalux.org.ec/producto/como-sostiene-vida-america-latina/

Desde que llegó a Ecuador la campaña reaccionaria Con mis hijos no te metas, en octubre de 2017, se generó una enorme inquietud en la militancia y la academia feminista. Muchas nos dedicamos a pensar qué significaban estas movilizaciones masivas, cuyo epicentro era la ofensiva contra la llamada ‘ideología de género’ en los distintos países. Qué significaba su coincidencia con un nuevo y potente ciclo de feminismo callejero, iniciado en 2016, cuya fuerza se irradió desde Argentina y multiplicó expresiones en el resto del continente. Todo ello comenzó a suscitar intervenciones, encuentros e investigaciones en distintos países; este texto es un aporte en esta dirección.¹

El cruce entre estas actuaciones reaccionarias, atadas al nuevo ciclo conservador, y los caminos que están abriendo y recorriendo hoy los feminismos en movimiento es cada vez más explícito. Me preguntaba en una primera reflexión: “¿quién teme al feminismo?”. Creo que la pregunta ha redoblado su pertinencia. Estos movimientos conservadores, fundamentalistas, como los denominan algunos con su retórica antigénero, hablan y se confrontan con el feminismo, con el que promueve políticas en el Estado y con el que agita aulas, familias y barrios a través de actitudes, conversaciones y acciones cotidianas. Los fundamentalistas reafirman una renovada comprensión e interpretación del ‘otro’, las ‘otras’, ‘les otres’, así como una batería de recursos y argumentos en su contra. El lenguaje ‘contra el género’ se ha mostrado particularmente eficaz en algunos contextos, y es preciso aproximarnos a algunas de sus claves.

¿REACCIÓN A QUÉ?

En algunos de los foros se ha discutido sobre cómo llamar a esta ofensiva. Comúnmente se habla de fundamentalismo (protestantes) e integrismo (católicos). Tal y como explica Geraldina Céspedes (2018), el segundo término alude a la idea de “integrar todos los elementos de la sociedad bajo la hegemonía del poder religioso, representado por la jerarquía de la Iglesia católica”. Esto se traduce en una actitud rígida, apegada a las doctrinas, y la negativa a estimarlas y adaptarlas a la realidad de hoy. Se asume, por ejemplo, la diversidad de expresiones de la sexualidad, la crítica a la norma heterosexual que se expresa en la vida social o el cuestionamiento a las desigualdades y privilegios que se ocultan tras el celebrado canto a la diferencia entre mujeres y hombres. Se trata, en definitiva, de subordinar la regulación de la vida política a determinados preceptos de carácter único y excluyente, que lógicamente tienen un impacto en términos de invisibilidad, discriminación, rechazo y exclusión de quienes encarnan la alteridad.

Obviamente, si la única expresión correcta pasa por el binarismo de género, la familia heterosexual blanca, la subordinación de las mujeres y su representación como madres, aunque sean niñas vio- ladas o mujeres que no desean tener hijos, quienes optan por otras formas de amar, emparejarse, (no) maternar o cuestionar el poder patriarcal quedan fuera del cuadro ‘normal’, ‘natural’ de la sociedad. Que este rechazo cortocircuite las políticas de reconocimiento y resguardo de los subalternos del género y la sexualidad o se des- pliegue en políticas públicas reactivas institucionaliza en el Estado esta clase de percepciones sociales. La apelación a los principios liberales (cada uno puede pensar lo que quiera), a la que en ocasiones se recurre, puede encajar perfectamente con la aspiración integrista y fundamentalista de estos sectores. La desigualdad deja de ser un problema del orden social instituido y se difumina en un conjunto de opiniones particulares más o menos erradas.

Horacio Sivori (2018) sostiene que este concepto, fundamentalismo, ha perdido capacidad analítica para enfrentar las múltiples y proliferantes creencias que cabría agrupar en su seno. Me inclino a pensar, además, que esta denominación deja intacta la crítica al secularismo (Scott 2017), al que aludiré más adelante, y tiene el efecto de convertir a sus seguidores en un grupo de ‘bárbaros’ excesivamente alejados del común de los mortales. Los fundamentalistas siempre son otros, y ahora, más bien, la pregunta es ¿por qué, si los funda- mentalistas son tan extremistas, tan extraños, sus ideas logran tener éxito en sectores cuyo espíritu no es necesariamente radical, intolerante, fanático y antidemocrático? Las ideas pueden ser integristas, pero quienes las acogen en un momento dado pueden ser parte de sectores amplios de la sociedad, atraídos por una combinación de tradicionalismo patriarcal nostálgico renovado y crítica a la democracia realmente existente. Quienes se desmarcan y critican el ciclo progresista en la región, declarándose antipetistas o anticorreístas, no creo que se identifiquen todos ellos exactamente con la apología de la violación, el uso de armas, la pena de muerte, el racismo y la aniquilación de poblaciones no blancas o la continuidad del conflicto armado. Calificar las respuestas como ‘reaccionarias’, en plural, permite una primera identificación. El atractivo que puede llegar a suscitar esta identificación dispara los interrogantes.

La reacción frente al feminismo y su capacidad de instituirse en el Estado se ha ido evidenciando cada vez con mayor claridad (Careaga-Pérez, 2016; Corrêa, 2016; Viveros, 2017; Pecheny, Jones y Ariza, 2016; Graff, 2016; Esguerra, 2017). En las últimas décadas, distintas políticas de resguardo y reconocimiento han llegado a las instituciones, alentadas por sectores organizados que han incursionado en el Estado con distintos grados de éxito, muchas veces amparándose en declaratorias de organismos internacionales. En Colombia, por ejemplo, la aprobación del aborto en tres supuestos, el matrimonio y la adopción entre homosexuales expresan esta limitada incursión que no alcanza a otros terrenos (Bermúdez, 2018). No se trata de una historia lineal, de avances progresivos, de conquistas irreversibles, sino de una batalla muy ardua plagada de retrocesos, de muchos tira y afloja respecto a demandas; de aparición de sujetos y problemas que poco a poco han salido a la luz y han pugnado por ser reconocidos y valorados en entornos de extrema violencia.

Si consideramos el caso ecuatoriano, esto se advierte con claridad. Todo el esfuerzo de las compañeras por instituir una política de derechos sexuales y reproductivos, en educación, en salud, en participación, durante el primer período del llamado ‘ciclo progresista’ se revirtió por un nuevo pacto de poder en un momento de inestabilidad, que, a pesar de lo sembrado, se resolvió en un giro conservador. Aunque el correísmo promovió algunos avances iniciales, muchas medidas pronto quedaron a medio gas o en el aire. La derogación de Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia en 2014, mediante el desmantelamiento de la unidad ejecutora, ya marca un camino de retirada. A este le siguió una serie de medidas y declaratorias en las que el presidente, Rafael Correa, reveló la impronta de un gobierno profundamente conservador en materia sexual y de género. Para este ‘católico de izquierdas’, el aborto, las diversidades sexuales y de género, el reconocimiento a todas las expresiones de la familia, etc., pasaron a ser ‘novelerías’ frente a los auténticos problemas que aquejaban al país.² En el contexto de las movilizaciones reaccionarias en 2016, los mismos procesos de influencia de la de- recha sobre los legisladores, en este caso en relación con la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres³ o el Código de Salud, revelan la fragilidad de las propuestas ante los llamados al pánico moral. Ya sea por falta de presupuesto, por inconsistencia legal, por no estar claras las competencias y responsabilidades, o directa- mente por falta de compromiso en su implementación, las iniciativas pueden verse fácilmente truncadas. Es ahí donde, como dice Wendy Brown, reaparece el “hombre en el Estado” (Brown, 1992).

Imagen 1. Debate sobre la despenalización del aborto en caso de violación en la reforma del Código Integral Penal. Asamblea Nacional, Ecuador, 2013.

Por: Nick Ashdown

Foto: Varios activistas hacen guardia en el campamento montado cerca del yacimiento minero cercano a Kirazlı, Turquía, el 7 de agosto de 2019 (Nick Ashdown) 

En una tetería de Karaibrahimler, un pueblecito de la frondosa península de Biga, al noroeste de Turquía, jóvenes ecologistas venidos de Estambul y de la vecina ciudad de Çanakkale debaten con varios hombres de más edad, sentados a una mesa, sobre el proyecto minero aledaño para extraer oro y plata.

Siete de los lugareños trabajan en el yacimiento minero de la empresa canadiense Alamos Gold. Los hombres no ocultan su recelo y desconfianza al ser sermoneados sobre los peligros medioambientales y sanitarios de la mina. Uno de ellos da la espaldas a los activistas y les suplica que le dejen en paz.

Cerca de allí, una «zona recreativa» recien pintada de blanco brillante con un gigantesco cartel en letras doradas, añade una nota discordante al paisaje. Fue construida hace dos años por Doğu Biga, el subcontratista local de Alamos. El informe de impacto ambiental obligaba a la empresa a reunirse y a consultar a los residentes del pueblo.

Mehmet Sezgin, jefe del poblado, que luce una gorra conmemorativa del intento de golpe de Estado de 2016 en Turquía, explica que un representante de Doğu Biga va por los pueblos para informarse de sus necesidades.

«Han traído un poco de ayuda al pueblo. Cuando necesitamos algo, ellos echan una mano», dice Sezgin. «Quien quiere un empleo, consigue uno».

Otro hombre afirma que gana 3.000 liras (unos 480 euros) al mes, un buen salario para esta región, y que disfruta también de seguro médico. Los lugareños que no trabajan para Alamos como choferes o perforadores son todos agricultores. Los tiempos han sido muy duros últimamente, desde que la lira turca perdió más de un tercio de su valor y acarreó un encarecimiento de las importaciones agrícolas, entre ellas los fertilizantes.

Por: Elmer Peña y Lillo/Yembatirenda-Tarija

Nada es perfecto, la vida es una paradoja; la campeante “globalización occidental” era fatalmente desinflada por dos flancos, que a su manera negaban la universalidad de ombligo planteada por la visión hegemónica del capital de occidente. El 1ro. de Enero de 1994 se inicia la sublevación zapatista en Chiapas – México, simbólicamente oponiéndose a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio y reivindicando la vigencia de la diversidad cultural y su oposición radical a la “hidra capitalista”; mientras el 10 de Noviembre de 2001 se aprobaba el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC), demostrando que las reformas iniciadas en los años 80 por Deng Xiaoping habían madurado lo suficiente y la China estaba lista para disputar su presencia económica en el mundo, bajo las reglas establecidas por el capital internacional. Elmer Peña y Lillo

Estos hechos convergen de forma singular en Latinoamérica al iniciarse el siglo XXI, por una parte la insurgencia indígena zapatista, hace sintonía con el debate político que estaba madurando desde los años ochenta en las organizaciones campesinas de Ecuador, Bolivia con ese criterio de superar el trauma discriminatorio social que les negaba la posibilidad de participación política efectiva como ser “nacional”, mientras que los movimientos de Brasil, Paraguay y Colombia se asentaba en el cuestionamiento al latifundio y su expresión en las condiciones de marginalidad en que viven sea en el campo o la ciudad como expulsados; estos actores se hacen eje de aglutinamiento con otros sectores, conformando grandes conglomerados sociales interpelatorios de los regímenes de gobierno denominados “neoliberales”, defenestrándolos e instaurando los regímenes conocidos como gobiernos “progresistas”

Por: RAUL ZIBECHI Y JUAN WAHREN Fuente: Desinformemonos

Hay vida (y lucha) más allá de las elecciones. En nuestros países (Argentina, Uruguay), desde los focos mediáticos hasta las conversaciones entre militantes de los movimientos sociales, están centradas y concentradas en las próximas jornadas electorales, con la esperanza de que, esta vez sí, habrá cambios. Aunque sabemos que esos cambios no vienen de arriba y que los verdaderos son los que construyamos desde abajo y por abajo, una y otra vez nos dejamos arrastrar por los fuegos artificiales de las elecciones. Volvemos a diluir nuestra potencia del hacer desde abajo en la delegación del Poder hacia arriba…

Sin embargo, los pueblos de América Latina siguen construyendo sus mundos otros, muy lentamente, a contracorriente, en la oscuridad de la vida cotidiana, lejos, muy lejos de las campañas que derrochan recursos y discursos. ¿Quién pudo enterarse que este año se creó la Guardia Indígena Comunitaria “Whasek” Wichi en el Impenetrable, en el Chaco, Argentina? ¿Quién sabe de la creación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, en el norte del Perú, camino que comienzan a recorrer otros tres pueblos amazónicos?

¿Cuántos medios han informado que el pueblo mapuche en el sur de Chile ha recuperado 500 mil hectáreas por acción directa desde la década de 1990, cuando se restauró la democracia para arrinconarlos con la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet, pero luego aplicada igualmente por gobiernos progresistas y conservadores?

¿Dónde leemos acerca de la tremenda lucha de los tupinambá del sur de Bahía (Brasil), que en pocos años recuperaron 22 haciendas, miles de hectáreas, pese a la represión y las torturas a sus dirigentes? ¿Cuándo le dedicamos algún tiempo a comentar la victoria de las 30 comunidades de Molleturo (Azuay, Ecuador) que consiguieron frenar la minera china Ecuagoldmining, luego de quemar el campamento? ¿Quién habla del reciente triunfo campesino de todo el Valle de Tambo, ante el proyecto cuprífero Tía María, en el sur de Perú?

Por: Mario Rodríguez – Wayna Tambo

El río Paraná es el segundo más largo de Sudamérica, atraviesa parte de Brasil, Paraguay y Argentina. Tiene una longitud de 4.880 km. Su nombre deriva de la lengua guaraní pará = mar y ná (de aná) = pariente» o semejante. Paraná es, entonces: pariente del mar. Su cuenca es a su vez una de las principales reservas de agua dulce del mundo, al estar vinculada con el Acuífero Guaraní.

El proyecto de represas Paraná Medio, fue un plan diseñado para la construcción de dos obras de represamiento en el tramo medio del río Paraná, en el sector en que su curso se encuentra en ambas riberas en territorio argentino. Afectaba áreas del nordeste de ese país en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, y Santa Fe. La represa se proyectaba con el objeto de dotar de abundante energía eléctrica al país, gracias a la construcción de una gran usina hidroeléctrica. En 1996 este proyecto fue presentado por el consorcio Energy Developers International de los Estados Unidos, con el beneplácito del presidente argentino de esa época Carlos Menem, y el gobernador entrerriano Jorge Busti. La obra fue resistida por entidades ambientalistas, y la ciudadanía en general, que mediante un recurso de amparo lograron un fallo judicial favorable para paralizar el proyecto.

Ese mismo año, e 1996, dos pescadores del río Paraná emprendieron un viaje por el mismo de más de 1.000 km para recoger firmas contra el proyecto mega eléctrico por sus consecuencias nefastas para el equilibrio ecológico de la región y la vida de sus pobladores. Ya que de haberse llevado a cabo el emprendimiento hubiese sido el fin de todo un ecosistema único. En esas aguas habitan más de 300 especies de peces, muchos de ellos realizan anualmente prolongadas migraciones entre el alto Paraná y su delta o el Río de la Plata, viajes que habrían sido afectados con la construcción de las represas. Esos dos pescadores son Luis “Cosita” Romero y Raúl Rocco. Con “Cosita” conversamos justamente en medio de los humedales del río Paraná que defendió y sigue cuidando junto a la organización “Cuidadores de la Casa Común”.