La Ley 535 es el Código Minero que está vigente y fue aprobada en 2014, realmente, es muy beneficiosa para el sector minero. De hecho, es mucho más beneficiosa que la ley anterior, el Código Minero realizado durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Los pedidos de abrogación de esta ley, en el fondo, lo que van a hacer es profundizar la vulneración de derechos socioambientales. Hay que tener claridad de que, seguramente, lo que van a liberar aún más los derechos de operación mineros. Esto va a atentar no solamente contra territorios indígenas, sino también contra territorios urbanos.
Ayer, cuando escuchaba hablar al ministro, mencionaba a las cooperativas que están en San José, en Oruro. Son cooperativas antiquísimas y, por eso, se les permite trabajar en área urbana; es decir, están dentro de la ciudad de Oruro. Él mencionaba, por ejemplo, que una de las cosas que se está buscando con esta nueva ley es que los cooperativistas puedan tener derecho a asociarse con empresarios privados. Decía que en San José se ha conseguido financiamiento mediante el cual se han ensanchado las áreas de ingreso a interior mina, de tal manera que ahora puede pasar por ahí un camión. Es decir, se ha ampliado enormemente, se ha invertido, y una de las cosas que están buscando las cooperativas es, nuevamente, la inversión privada para poder “mejorar la tecnología”. Lo digo «entre comillas» porque lo que se busca es inversión para tener mejor equipo, más agresivo, que pueda trabajar de mejor manera. Pero no se invierte en temas ambientales, porque los temas ambientales no son un tema de discusión para los operadores mineros.
Ya sabemos que existe una deuda histórica con relación al tema ambiental. Tenemos millones de pasivos ambientales por todo el país. Tenemos una serie de impactos actuales, como el mercurio en el agua en el norte. Pero, además, tenemos el lago Poopó, por ejemplo, que es un vertedero de desechos tóxicos, no solamente de la empresa minera Huanuni, sino también de otras tantas cooperativas que están alrededor…
Lo que quieren hacer es tener cancha libre por todo lado para poder operar. Y ni siquiera estamos hablando de una visión de Estado que diga: «Nosotros somos un Estado extractivista minero y, por lo tanto, vamos a fortalecer a COMIBOL y trabajar todo con una visión de Estado y nacional». Lo que nos están diciendo es: «Vamos a incentivar la asociación entre privados y cooperativas», que es ilegal, pero eso es lo que van a proponer. Es lo que también han pedido las cooperativas y forma parte de las negociaciones que están sobre la mesa.
Van a fortalecer la inversión privada. Lo dijo el ministro: hay varias operaciones de prospección de privados, de empresas extranjeras que están entrando al país, pero no vamos a ver nada de lo que es la minería estatal, porque no existe una visión de que el Estado debería ser dueño de estos recursos y desarrollar, desde el propio Estado, una política minera, si es que quieren hacerlo, con una perspectiva distinta. Lo que hay es una visión de entregar estos recursos naturales a privados, y esos privados tienen el nombre de cooperativas. Realmente es preocupante todo lo que se ha planteado a partir de este acuerdo sectorial bajo el nombre de Cumbre Minera.
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