Desde el gobierno están trabajando, por una parte, con el asunto comunicacional, especialmente de parte del presidente, pero también con acciones efectivas, como una serie de decretos, normas y medidas que buscan establecer un marco de comportamiento para las organizaciones y las formas de movilización, para fragmentar la organización y denostar, detener o desarticular cualquier proceso que cuestione sus acciones.
En el campo comunicacional, es interesante observar que, especialmente desde el inicio de su gobierno, el presidente Rodrigo Paz ha construido, primero, una noción de padre protector, de una persona que pretende ejercer autoridad, establecer un orden y definir los mecanismos para que se obedezca. En sus diferentes discursos va recomendando conductas y proyectándose como el padre protector, además de la patria, que debe poner orden. Debe señalar qué es lo que se debe hacer y, en ese proceso, empieza a adjetivar de forma persistente los mecanismos de organización y de movilización.
Así va construyendo, ante la opinión pública, una estrategia de deslegitimación: establecer qué está mal y qué es lo que se debe hacer. Además de definir un deber ser, también demarca la no culpabilidad propia. Los culpables son otros. Eso ha sido cuestionado por varios medios y distintas opiniones, pero se insiste en que él no es el responsable y que otros son los culpables de la situación. Toda esta narrativa establece como horizonte la idea de que son esas organizaciones y esas movilizaciones las que están alterando el posible orden.
Ahora, en el plano de la acción, se ha impulsado una serie de medidas que pretenden afectar una de las fuentes de autodeterminación de las organizaciones, claramente desde una lógica neoliberal: su capacidad de autofinanciar sus actividades para desarrollar sus acciones.
Por ejemplo, en este momento está en cuestionamiento el sistema de aportes sindicales que los propios trabajadores de educación y de salud habían establecido desde los años 50, después de la Revolución de 1952, como un mecanismo para su sostenimiento. Esos aportes se realizaban mediante el descuento directo, puesto que eran empleados públicos, pero mantenían independencia sindical. Ahora se pretende afectar ese mecanismo. Se insiste en establecer formas de control sobre la movilización. Se habla de una ley antibloqueos, de una ley antimovilización y también de sancionar a los dirigentes. La idea es escarmentarlos, detenerlos y presentarlos como los culpables. Todo eso se construye ante la opinión pública…
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