Como ha pasado con diferentes gobiernos, estamos frente a una medida que es una especie de parche y que no resuelve el gran problema de la crisis de la administración de justicia ni la corrupción. Básicamente, en términos mucho más simples, busca tener un control sobre las acefalías que se han generado a partir de los magistrados que se han prorrogado en sus cargos.
Esta situación también nos llama la atención sobre la instrumentalización de la justicia para fines más bien políticos, ya sea para perjudicar a uno u otro postulante o, definitivamente, para redirigir este proceso, que debería ser mucho más institucionalizado. Ahora trae como consecuencia que no todos los cargos de los altos tribunales estén ocupados por sus magistrados respectivos.
Entonces, creo que es un parche más. La gran dificultad es que no responde a las preguntas que deberíamos plantearnos en este momento, que van más allá de los cargos. El tema de fondo pasa, primero, por la independencia de los tribunales y por la no injerencia de otros órganos del poder. Ese siempre ha sido el aspecto más preocupante de nuestra administración de justicia, porque existen distintas formas de ejercer esa injerencia, y la más importante es justamente la selección y la designación de las altas autoridades judiciales. En este caso, sin ningún tipo de procedimiento, sin una propuesta de proceso y, pienso yo, de manera inconstitucional, se plantea esta ley que busca abreviar esos procesos para designar autoridades, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional.
En el trasfondo de esta ley, no existe una propuesta seria para transformar la justicia ni para responder al problema de la injerencia del nivel central del Estado, en este caso del Órgano Ejecutivo, sobre el Órgano Judicial. Tampoco responde a otro problema que ya hemos escuchado muchas veces: la discusión política sobre quién apoya a quién.
Tampoco existe un proceso real de participación ciudadana. Si la ciudadanía no está de acuerdo, por ejemplo, con la participación de algunos sectores, ¿cómo participa entonces en la elaboración de esas leyes o de esas resoluciones? Ese es justamente uno de los pilares de nuestra Constitución: la capacidad de participación y control social. Y eso es precisamente lo que hoy está en crisis en nuestro país, no solo por la situación de cooptación y fragmentación de las propias organizaciones sociales y cívicas, sino también porque el Estado se está cerrando cada vez más y ya no está abriendo canales de participación con la sociedad.
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