Una vez más, Bolivia se levanta. El panorama en las calles es el vivo reflejo de nuestra propia memoria: vuelan las piedras, arden los neumáticos, duelen los pies y las carreteras que integran el país se ven cercadas. Si cerramos los ojos por un segundo, podemos asomarnos a distintos momentos de nuestra historia, porque estos instantes ya los hemos vivido. No una vez, sino una y otra vez. Bolivia no avanza en línea recta; parece girar dentro de un remolino, atrapada en una espiral que regresa siempre al mismo punto exacto de ebullición.
Esta imagen no es una metáfora vacía para adornar un análisis político; es la constatación matemática de un patrón histórico. Miremos lo que estamos viviendo estos días. No estamos ante una protesta más. El país arrastra semanas de un paro indefinido que paraliza su aparato productivo, con decenas de puntos de bloqueo asfixiando nuestra geografía. Las fuerzas del orden salen a despejar las vías, pero el ciclo es inmediato: intervención, despeje, repliegue y rebloqueo. La piedra siempre vuelve a su lugar. El drama en los hospitales por falta de suministros e insumos médicos nos demuestra que el costo de la intransigencia siempre lo pagan los mismos.
Y frente a este escenario de agonía colectiva, la respuesta que suele llegar desde el poder político roza el absurdo absoluto. Los recientes anuncios del presidente Rodrigo Paz de bajarse el sueldo a él y a sus ministros en un cincuenta por ciento son una total falacia jurídica. Esa medida es inviable: vulnera el Artículo 48 de la Constitución Política del Estado sobre la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y choca directamente con la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público. La estructura salarial del Ejecutivo no se modifica con un discurso de prensa; está sujeta a las asignaciones de la Ley N° 1178 (Ley SAFCO) y requiere una modificación del Presupuesto General del Estado aprobada por el Legislativo. Al lanzar esas promesas inaplicables al aire, o al convocar a mesas de trabajo que muchas veces se usan solo para dilatar el tiempo y desgastar la movilización, el poder comete el error de siempre: o nos toma a todos por tontos, o demuestra una ignorancia procedimental alarmante. Todo lo que se dice en esos discursos es un sinsentido frente al hambre de la gente.
Sin embargo, todo esto cae en saco roto cuando en declaraciones recientes al ministro de Economía y Finanzas Públicas se le oye aclarar las palabras del primer mandatario. Como parece haberse hecho costumbre, toda promesa del actual gobierno tiene letra chica o debe ser tomada con pinzas. El Ministro salió a aclarar que, con el propósito de no afectar a los “grandes profesionales” y “escasos” por su excelencia, se determinó que la rebaja no será formal, sino más bien voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguirán cobrando los mismos montos en efectivo y en sus cuentas, y "voluntariamente" lo destinarán a un fondo solidario. Esto termina siendo en el fondo casi un “cuento del tío”. Lejos de pasar por todos los trámites legales e institucionales que la norma exige, surge la pregunta: ¿cómo se manejarán esos fondos solidarios?
En términos administrativos y técnicos, correspondería abrir una partida de donaciones, pero la legislación nacional respecto a esta figura está sumamente regulada y fiscalizada, por lo que no sería tan fácil como simplemente depositar en una cuenta fiscal ordinaria. Por otro lado, resta la interrogante de a qué unidad se le asignarán esos fondos, a qué ministerio o entidad descentralizada o desconcentrada se destinarán, y qué criterios se usarán para su disposición. Si estos recursos no vuelven directamente a las arcas del Estado bajo las normas de control gubernamental, entonces ¿quién fiscaliza?, ¿cómo se trabaja con ellos? y ¿qué impacto real tiene esto en la economía pública? Generar falsas expectativas bajo la figura de un clásico “pajpacu”, lejos de apaciguar las aguas o generar alternativas reales al conflicto, provoca más preguntas que respuestas, y siembra más desconfianzas que certezas en la población.
Lo mismo ocurre cuando se intenta forzar la abrogación de la Ley N° 1341 —la conocida «Ley Eva Copa» sobre la Regulación de los Estados de Excepción—. Pretender tumbar esta ley es un atropello que se salta de forma flagrante los pasos constitucionales del Artículo 163 de la CPE, omitiendo los debates de comisiones y el control previo de constitucionalidad. Lo que buscan desesperadamente es desmontar los candados legales que protegen las garantías ciudadanas, allanando el camino para usar la fuerza militar sin fiscalización parlamentaria. Pero el poder olvida un detalle: este pueblo prefiere morir antes que esclavos vivir, y esa no es una frase de himno para cantar los lunes; es un pacto de sangre con la dignidad.
Incluso firmando un acuerdo temporal en alguna mesa de diálogo, la historia nos demuestra que suelen ser solo treguas frágiles. ¿Por qué la única salida que conocemos es el abismo? Para empezar a entenderlo, quizás convenga soltar por un momento la coyuntura del día y recorrer los nombres coloniales y ancestrales que dibujaron este mismo bucle siglos atrás.
Vayamos al origen del bucle. Pensemos en Manco Inca. Él no era boliviano porque Bolivia no existía, pero esta tierra, estas cumbres, ya eran de los suyos. Traicionado y perseguido por los conquistadores, huye hacia las montañas de Vilcabamba y desde allí funda un Estado inca independiente. Tal vez fue la primera vez que desde estas cordilleras se le dijo un «no» rotundo y organizado a un invasor. La resistencia militar no duró para siempre, es verdad, pero la semilla de la autonomía quedó sembrada bajo la nieve de los Andes.
Años después, la respuesta no vino de las armas, sino del alma. El Taqui Onqoy no fue un ejército de soldados: fue un temblor espiritual. Cuerpos danzando, deidades antiguas que despertaban y poseían los cuerpos de los indígenas. Los españoles sintieron un miedo profundo, un pánico que no se calmaba ni con espadas ni con rezos, porque la Iglesia y la Corona no sabían cómo pelear contra lo que no podían comprender. Quizás ahí comenzó una constante nacional que sobrevive hoy en las calles: incluso derrotados, seguimos buscando formas imprevistas de volver.
Y la historia insiste en su terquedad. Viajemos a La Paz colonial, a un obraje textil ordinario. Un grupo de tejedores indígenas se levanta contra el abuso del dueño español. Ejecutan una huelga siglos antes de que el sindicalismo inventara la palabra «huelga». Los persiguen, los
matan… pero poco después llega otro levantamiento en el valle contiguo. Y otro. Y otro.
Desde la selva central aparece Juan Santos Atahualpa. Proclama que el Inca ha vuelto y que la tierra debe recuperarse por derecho divino. Los ejércitos reales intentan capturarlo durante años y fracasan sistemáticamente: muere viejo, invicto y libre en la montaña. Eso no tendría que haber sido posible bajo el orden colonial. Y sin embargo, ocurrió.
Hasta que el bucle encuentra su rostro más nítido en los hermanos Katari. Tomás Katari camina cientos de kilómetros, a pie, desgastando las abarcas, no para pedir la independencia de la corona, sino algo mucho más peligroso: pide justicia contra los tributos abusivos y la mita. Lo escuchan, dialogan con él, pero tras el diálogo lo asesinan arrojándolo a un barranco. Ese mismo año, su sangre convierte el reclamo legal en una rebelión total.
Y finalmente, su hermano, Túpac Katari, sitiando la ciudad de La Paz durante meses. Hambre, cerco, guerra y una ciudad amurallada que se consumía por dentro. Cuando finalmente lo capturan y lo descuartizan vivo en Peñas, antes de que sus extremidades sean separadas, deja una frase grabada en la memoria colectiva del continente y en cada uno de nosotros: “Volveré y seré millones”.
Y Katari volvió. Volvió en distintas épocas y bajo distintas formas. Volvió en los fusiles y la insurgencia popular de la Revolución de 1952, cuando los de abajo rompieron el Estado oligárquico de los barones del estaño. Volvió en las Marchas por la Vida de los mineros en los
años 80, cuando las relocalizaciones intentaron apagar la consciencia obrera y el pueblo caminó las rutas del altiplano defendiendo su derecho a existir. Volvió con la indignación desbordada en la Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba, demostrando que ni la vida ni los bienes comunes se privatizan, y volvió rugiendo en las barricadas de la Guerra del Gas en 2003 en El Alto, escribiendo con sangre que los recursos de esta tierra le pertenecen a los pueblos y no a las transnacionales.
Conviene decirlo con absoluta claridad para el debate contemporáneo: estos nombres y estos hitos históricos no son el origen caprichoso del movimiento social, sino sus expresiones más visibles. Debajo de la superficie de Bolivia hay un torrente colectivo, una veta profunda.
Y hay que explicarle al país algo que el análisis facilista e institucionalista a veces ignora: esta forma de manifestarse, este acto de bloquear las carreteras, no es un desorden espontáneo ni un acto delincuencial; es una estrategia geopolítica ancestral. El cerco a las ciudades, el
control de las rutas de abastecimiento, es la forma en que los pueblos históricamente han equiparado las fuerzas frente al monopolio de las armas del Estado. Es la memoria táctica de Túpac Katari y de las luchas comunitarias reactivándose en el siglo veintiuno. Ante la falta de
armas, la geografía es la defensa.
Que nadie se equivoque desde la comodidad de los escritorios de poder: la gente que hoy está en las carreteras es perfectamente consciente de lo que está haciendo y de las durísimas consecuencias económicas que esto acarrea. No son personas manipuladas ni ignorantes de la crisis. Este pueblo ha sido inmensamente paciente. Ha aguantado la escasez, ha soportado las filas, ha esperado soluciones políticas reales que nunca llegaron.
Y hoy, con el dolor más profundo en el corazón, sabiendo que sus propias familias sufren el desabastecimiento, toman esta decisión extrema. ¿Por qué lo hacen? Porque no están pensando en la ganancia inmediata de la siguiente semana; están pensando en las generaciones futuras. Prefieren detener el país hoy, pasar el frío del asfalto y el hambre del cerco ahora, antes que heredarles a sus hijos un país de rodillas, quebrado económicamente y esclavizado por la soberbia del poder.
El dolor actual es más agudo porque no viene únicamente de afuera; viene de un desgaste severo y de fracturas dentro de nuestros propios procesos. Los pueblos no reaccionan únicamente a la falta de un recurso; reaccionan a la humillación. El tono con el que se le habla a la ciudadanía, la ligereza de reducir la angustia de la gente a simples conspiraciones, duele profundamente en la dignidad popular. Y cuando los canales de escucha se vuelven sordos, la piedra se convierte en la única palabra que el poder parece escuchar.
Entonces, cuando vemos el despliegue de las fuerzas de seguridad, cuando vemos los puentes aéreos y escuchamos los discursos contradictorios e inaplicables desde el palacio, la verdadera pregunta de fondo ya no es coyuntural. La pregunta ya no es qué carretera se va a despejar mañana o si un anuncio inconstitucional va a engañar temporalmente a un sector.
La pregunta de fondo, la que nos quema a fondo, es si este país, Bolivia, podrá alguna vez pensarse, diseñarse y construirse fuera de la repetición. Si seremos capaces de romper la inercia del remolino o si estamos condenados a que nuestros hijos vuelvan a encender una
fogata en el asfalto dentro de unos años.
Yo no creo en respuestas empaquetadas o verdades absolutas de escritorio; creo más bien en el valor de sostener un espejo histórico para dialogar con la comunidad.
Escucha el ensayo de Serelem:
