No teníamos una relación de financiamiento, y hace ya como 20 años. Entonces, ante todo, estamos hablando del retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país, con un programa económico que se implementaría durante los próximos tres años, desde este 2026 hasta el 2029. Para ello hay un financiamiento comprometido de 1.900 millones de dólares, además del apalancamiento que, de firmarse el acuerdo, permitiría acceder a recursos de otros organismos multilaterales. Básicamente esa es la situación.
Para que esto progrese, el Parlamento tiene que aprobar el acuerdo, teniendo en cuenta que no solamente se trata de aprobar un préstamo o un financiamiento, sino, sobre todo, de aprobar un programa económico que se va a implementar con ese apoyo financiero. Entonces, la figura es un poco distinta para el Parlamento, porque no se trata simplemente de aprobar un crédito y fijarse si tiene un interés alto o bajo, sino de aprobar la implementación de un paquete económico financiado con esos 1.900 millones de dólares.
El memorándum es un documento de 19 páginas que tiene varios componentes, desde decisiones sobre qué tipo de reformas legales hacer, dónde hacer cambios en la ley de financiamiento, en la ley de inversiones, hasta detalles muy concretos sobre dónde se van a recortar los gastos, cuánto se va a recortar y cuáles son los plazos.
El primer punto significativo es la meta de reducir, hasta el año 2029, el déficit fiscal primario, prácticamente cerrarlo en cero. En términos numéricos, eso significa recortar un 8,5 % del PIB. Estamos hablando de que desaparezcan de los gastos públicos cerca de 4.400 millones de dólares por año. Hay que eliminar ese monto de los gastos anuales que tiene el país. Ahora, ¿cómo se va a eliminar esa cantidad? Esa es la meta que se fija. Y el gobierno se compromete a que, primero, va a eliminar la subvención a los combustibles hasta llegar al costo de reposición, es decir hasta llegar al precio de mercado (…)
Llama muchísimo la atención la gente que dice que no hay otra manera y que esto hay que aceptarlo, porque no es una opinión sustentada en evidencia empírica ni en una evaluación económica. Lo que pasa es que no hay una regla científica que diga que eliminando la subvención a los combustibles y nivelando el precio al valor internacional se van a solucionar todos los problemas de déficit.
Recordemos que nosotros gastamos alrededor de 1.700 millones de dólares al año en la subvención de combustibles. Pero también gastamos un monto similar, cerca de 2.000 millones de dólares, en el pago de intereses y deuda externa anualmente. El pago de la deuda externa representa el mismo peso económico, en términos de necesidad de dólares, que el tema de los combustibles.
Si uno mira fríamente la balanza cambiaria, se encuentra con que el problema de Bolivia en este momento no es tanto fiscal, sino de balanza cambiaria, la necesidad de dólares: no tenemos dólares y tenemos riesgo de ser insolventes para pagar todas las obligaciones que tenemos en esa moneda. ¿Y qué está pesando más? Están pesando dos grandes componentes: la subvención a los combustibles, que ronda los 1.700 millones de dólares, y la deuda externa, que ronda los 2.000 millones. Eso suma casi los 4.000 millones de dólares del déficit del que estamos hablando. Este programa dice que hay que recortar esos 1.700 millones y, aunque no lo dice explícitamente, da por hecho que los otros 2.000 millones son intocables.
Entonces, ¿por qué habría que meterle cuchillo al 100 % de las subvenciones, con todos los costos que eso implica para la gente, y no tocar ni un peso del gasto que tiene el país en servicio de deuda externa? ¿Por qué el FMI señala, en este memorándum, que los 1.900 millones de dólares no pueden destinarse al pago de combustibles? Porque, en realidad, esa plata viene para garantizar el servicio de la deuda externa, para que no tengamos mora y sigamos pagando lo que ya estamos pagando.
Entonces, básicamente el mensaje es: hagan todos los ajustes que quieran, pero no pueden dejar de pagar esa obligación económica. Y si para eso hay que recortar los gastos en dólares destinados a combustibles, recórtenlos. Y si el recorte significa subir el precio del combustible al nivel internacional, súbanlo. Ese es el acuerdo.
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