«El decreto 5598 habilita a privados o alianzas público-privadas, como le dicen, a comercializar electricidad internacionalmente, tanto para la compra como para la venta, desde Brasil y Argentina, de electricidad, que antes era potestad solamente de ENDE. ENDE, como empresa estatal, era la que tenía el manejo de la venta y compra de electricidad, no solo dentro de Bolivia, sino también hacia afuera. Esto era muy importante porque la electricidad no es cualquier bien comercial, está catalogada en nuestra Constitución como un bien estratégico. Eso quiere decir que es sumamente importante para la sobrevivencia de la población y también para la economía del país. Entonces ahora los privados son los que van a poder comercializar esa electricidad hacia afuera del país. Hay sobre todo tres puntos que nos parece necesario atender.
Primero, que este es un tipo de decisiones que se debería tomar en la Cámara. Por más que ahora la Cámara tenga una mayoría de oficialismo, es una decisión que debería discutirse en ahí, socializarse hacia la población y tomarse de una manera democrática. El hecho de que una decisión que implica un recurso estratégico como es la electricidad se tome así ya enciende alarmas. Nos parece que debería hacerse de otra manera y que se hace además de una manera medio oculta, a espaldas de la población, que no se socializa lo suficiente, que no se dice qué va a implicar, que no se dice cómo se va a hacer.
El segundo punto que nosotras alertamos es que este decreto abre la posibilidad de que los privados puedan vender electricidad de Bolivia hacia afuera o de afuera hacia adentro, no lo legisla de una manera adecuada, faltan muchas especificaciones de cómo se va a hacer. Dice que ENDE es la que va a dar los permisos para quien quiera exportar o importar electricidad, pero no dice en qué van a consistir esos permisos, a qué empresas se van a dar, qué requisitos va a haber. Toda esa legislación, todas esas normativas estatales que tendrían que acompañar una decisión como esta, no están. Entonces hay muchos aspectos en los que no se puede saber si esto va a ser una medida buena o mala, porque no sabemos realmente cómo se va a dar. Esto no hubiera pasado de la misma manera si se hubiera hecho a través del Legislativo, porque justamente todas estas preguntas iban a surgir ahí y la gente, antes de aprobar una ley, habría tenido que trabajar en todos estos puntos.
No sabemos bien bajo qué criterio el Ministerio de Energía y el Ministerio de Hidrocarburos va a dar o no los permisos a los privados para importar o exportar electricidad. Dentro de esto también, aunque el decreto dice que se va a dar prioridad al abastecimiento interno, es decir, que aquí en Bolivia no nos quedemos sin electricidad por exportar hacia afuera, no menciona cómo se va a hacer esto, bajo qué mecanismos, qué garantías va a haber para que esto se cumpla. Tampoco dice nada sobre a qué costo se les daría la electricidad a estos privados ni quién se beneficiaría de la venta de esa electricidad.
El tercer punto que observamos es que no hay especificaciones, tampoco se establece cómo se distribuirían los ingresos. Bien sabemos que uno de los planes económicos del gobierno anterior era hacer de Bolivia una central energética eléctrica. Por eso se hicieron presas y diferentes centrales hidroeléctricas, a un costo muy grande para el pueblo boliviano y para la naturaleza. Y ahora, esa energía que va a ser producida y vendida a través de privados, ¿a quién va a beneficiar? ¿Qué costos se les va a dar a los privados?»
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