El gobierno de Rodrigo Paz acusa a Roger Mariaca de liderar una “organización criminal” desde la Fiscalía para proteger el narcotráfico. Es una acusación sin precedentes. Pero, al mismo tiempo, el propio Gobierno carga sobre sus hombros casos de corrupción del más alto perfil. Las “narcomaletas”, los “lingotes de oro” o el escándalo “Cerimedo”. Ambos bandos se apuntan con el dedo.
No estamos presenciando una pugna entre el bien y el mal, sino, nada menos que una lucha desencarnada entre el mal y el mal.
Paz y Mariaca pugnan por algo mucho más valioso que el título de ser el más honesto. Esto es, el poder de controlar y decidir qué casos de corrupción se investigan, cuáles se judicializan y cuáles se mandan al sótano. El botín que buscan no es la verdad, sino la impunidad.
Las pruebas de los delitos perpetrados son, invariablemente, montañas de dinero. Bolsas y maletines repletos de fajos de billetes. Unos 3,5 millones de bolivianos en el operativo contra Mariaca. Hace poco, 77 lingotes de oro valorados en cerca de 25 millones de dólares. Escenas propias de relatos de piratas.
El dinero no es un detalle menor. Es el protagonista silencioso de estas historias. Pero no está en juego solo quién se quedará con el dinero sucio, sino, ante todo, quién acabará en el banquillo de los acusados, y quién se sentará en la silla del juez.
¿Por qué la pugna se desató ahora y no antes? Lo nuevo es el factor Estados Unidos. El alineamiento de Rodrigo Paz al Escudo de las Américas, la captura de Sebastián Marset, el operativo de la DEA a espaldas de la Fiscalía. Fue la ruptura definitiva. Cada caso, cada escándalo, tensionó la lucha por el control del negocio más lucrativo de Bolivia.
La movida del gobierno de Paz es de alto riesgo. Tomar la justicia para blindarse de las acusaciones es una jugada suicida. Quizá en lo inmediato, eventualmente, obtenga el apoyo del Legislativo.
Después de todo, excepto unos pocos, los asambleístas están ya más que habituados al olor fétido de la corrupción, incapaces de distinguir si proviene de la Casa del Pueblo, de la Fiscalía o de ellos mismos.
