Cuando nace todo el sistema judicial, un año antes de que nazca Bolivia, en realidad la designación de las altas autoridades judiciales era por lo que ahora se está proponiendo nuevamente: por el Congreso, por dos tercios y por acuerdos políticos de los partidos, que hoy estarían en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Recordemos que Bolivia ha tenido grandes crisis y muchas propuestas para intentar enfrentar la crisis del sistema de justicia, que no es de ahora, viene de hace décadas. Se han ido haciendo mejoras, reformas y sugerencias. Una de las primeras fue, además de las modificaciones al Código Penal y a otras normas, la creación del Consejo de la Judicatura, con el fin de capacitar a los servidores judiciales y ayudar a que el sistema sea más fortalecido.
Después vino la creación del Tribunal Constitucional, para garantizar que haya un contralor más allá de los máximos tribunales y, en general, con competencias especiales para proteger y tutelar los derechos de las y los ciudadanos bolivianos cuando sean vulnerados. Después, dada la especialidad del país, también se creó una jurisdicción especializada: la jurisdicción agraria.
No se resolvió el problema. Siguió habiendo problemas al interior del órgano judicial. Entonces apareció la última opción, que fue decir: necesitamos devolver al pueblo esa facultad. No podemos seguir con acuerdos políticos para definir un órgano técnico, entonces daremos esa responsabilidad al pueblo y que sea el voto popular el que defina quiénes van a ser las máximas autoridades judiciales, previo a un proceso de selección que garantice que quienes lleguen a las listas sean los más probos y cumplan con todos los criterios y filtros necesarios.
En realidad, llegar a la elección popular fue uno de los mecanismos más fuertes para enfrentar la enorme crisis judicial que venimos arrastrando en el país desde hace décadas, desde el siglo pasado. Entonces, el cambio que hubo con la Constitución de 2009 es justamente la elección popular de las y los integrantes de los altos tribunales.
Dentro de esa elección también se elige a los miembros del Consejo de la Magistratura, que es la entidad encargada de la fiscalización y el control del sistema de justicia, además de la designación de las y los servidores judiciales más allá de los altos tribunales. Todo eso también mediante voto popular, y separando del órgano judicial al Tribunal Constitucional.
Ahora, la propuesta retrocede. En realidad, muchas de las propuestas que estamos viendo son dar la vuelta: se salió de la designación partidaria, por acuerdos en el Congreso, hoy Asamblea, para pasar a la elección popular, y ahora se plantea volver otra vez a la designación partidaria. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser la diferencia frente a la crisis de justicia que justamente se buscó superar con la elección popular?
Ahora, una de las que se ha llevado también a la opinión pública es la del diputado Del Granado, que no plantea un cambio de la Constitución en este aspecto, sino una modificación al proceso de selección de candidatos. Pero para ese proceso de selección de quienes van a ir a la papeleta no se necesita cambiar la Constitución. Con una ley de la ALP se puede definir ese proceso de selección. De hecho, en el último proceso de selección ya se abrió un poco más: ya no solo eran las comisiones de la Asamblea las que hacían el proceso, sino que se dio participación a la sociedad civil a través de las universidades para que formen parte de ese proceso.
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