“Un pueblo que olvida su historia, es como un pueblo sin alma” Anónimo.
Somos el Tejido de Cultura Viva Comunitaria de Bolivia y otras organizaciones hermanas: colectivos, comunidades, gestorar@s, artistas, pedagog@s, educador@s y comunicador@s populares, escritor@s y trabajadoras de la cultura. Venimos tejiendo desde los barrios populares, los territorios indígenas, las veredas, los páramos y las tierras altas y bajas del Estado Plurinacional.
Formamos parte del movimiento continental Cultura Viva Comunitaria, que reúne a más de 500 organizaciones en 12 países del Abya Yala (Sud América y Centro América) y también Europa y sus diásporas. Nuestra voz nace de quienes caminamos al lado de nuestros pueblos en comunidad, porque venimos de ellos, porque nuestra cultura no es un adorno, es el tejido mismo de la vida. Es la memoria que nos impide repetir la historia y la resistencia frente a la cultura de la muerte que siembra el capitalismo colonial, patriarcal y devastador de la Madre Tierra.
- DIAGNÓSTICO DE LA COYUNTURA: UN GOBIERNO QUE GOBIERNA CONTRA SU PUEBLO
A seis meses de la asunción de Rodrigo Paz, Bolivia se inserta en el patrón continental de giro hacia la derecha conservadora y neoliberal. No se trata de una anomalía, nuestro país experimenta tres procesos simultáneos: disciplinamiento de la protesta social, desmantelamiento de la autonomía indígena y profundización del extractivismo y la privatización bajo tutela del capital financiero internacional, basado en el nuevo plan económico 2026- 2035.
El decreto que pretende la eliminación de impuestos a los más ricos, donde se propone la eliminación de estos 4 impuestos:
Eliminación de los impuestos a las grandes fortunas Impuesto a las Grandes Fortunas
Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF)
Impuesto al Juego
Impuesto a las Promociones Empresariales
El ajuste económico como arma de destrucción de las economías comunitarias y populares
El Decreto Supremo 5503 (17 de diciembre de 2025), conocido como el “gasolinazo”, no fue una medida coyuntural. Fue una reconfiguración neoliberal de más de 120 artículos que pretendía:
– Entregar bienes comunes al capital transnacional mediante contratos directos de 15 años con inamovilidad tributaria (violando el artículo 372 de la CPE).
– Instituir el “silencio administrativo” para aprobar mega-proyectos extractivos sin consulta previa.
– Eliminar los subsidios a los combustibles, disparando la inflación y congelando salarios.
La movilización social de enero de 2026 forzó su abrogación el 11 de enero. Sin embargo, su espíritu y su plan privatizador sigue vigente operando a cuentagotas y por la puerta de atrás a través del «Paquete de Cochabamba».
La guerra contra la pequeña propiedad y los territorios indígenas
La Ley 1720 —aprobada sin consulta en abril de 2026 y luego abrogada por la presión de las comunidades indígenas de tierras bajas— fue un intento de eliminar la inembargabilidad de la pequeña propiedad, facilitar la reconcentración y el monopolio de tierras y suspender por diez años el control de la Función Social. Violaba así, los artículos 394 y 397 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Hoy el gobierno impone un plazo extorsivo de 60 días para redactar una “nueva” ley agraria que proponga la misma lógica de despojo. Lo denunciamos: el territorio no se negocia.
Criminalización de la protesta y crisis de gobernabilidad
La demanda inicial de las organizaciones obreras, fabriles y del magisterio, se ha visto potenciada por nuevas fuerzas sociales, consolidando una protesta multisectorial que ya suma más de 23 días de bloqueos y movilizaciones legítimas.
La lucha por el poder adquisitivo de la Central Obrera Boliviana (COB), del magisterio urbano y rural, la defensa inclaudicable del territorio por parte de los Ponchos Rojos y la Confederación Sindical Única de Trabajadores campesinos de Bolivia (CSUTCB), el desabastecimiento crónico de carburantes que moviliza al sector del transporte y la determinación de las mujeres de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) han tejido una red de resistencia frente a una política económica capitalista-neoliberal. Y a estas manifestaciones se han sumado las 20 provincias, juntas vecinales y mucha gente autoconvocada.
Ante el Pliego Petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB) y el magisterio, que demandaba una reposición salarial del 20% frente a la inflación acumulada del 21% en 2025, el respeto a la Ley General del Trabajo y una solución estructural al desabastecimiento de combustibles, el presidente Paz respondió: “Ya no es tiempo para pliegos petitorios”. Esta sordera institucional obligó a las bases a radicalizar sus medidas, sumiendo al país en una crisis de gobernabilidad sin precedentes con más de 50 puntos de bloqueo en carreteras interdepartamentales, marchas multitudinarias y un cerco de más de 23 días a la sede de gobierno que hoy sufre el desborde inflacionario y la escasez de productos básicos de la canasta familiar.
Denunciamos ante la comunidad internacional que el gobierno miente de forma sistemática al calificar sus operativos conjuntos policial-militares como intervenciones ‘pacíficas’ bajo discursos de ‘banderas blancas’. La realidad en las provincias desmiente la propaganda oficial: los reportes médicos y las denuncias territoriales confirman cerca de un centenar de detenciones arbitrarias, torturas institucionales y el drama de la dirigente Marta Vilca, autoridad originaria, gravemente afectada que termino en su fallecimiento según las versiones difundidas en medios digitales. El escenario más cruento está respaldado por el Certificados Médicos Forenses oficiales del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que demuestran de manera irrebatible el deceso de una persona a causa de proyectiles de arma de fuego durante la represión estatal en las carreteras en la provincia Aroma. Asimismo, repudiamos el ingreso violento de efectivos armados a los hogares para amedrentar a las familias en sus propios domicilios, de los cuales se tienen reportes y audios de comunarios que denuncian. Además de los controles abusivos y racistas de parte de la policía hacia transeúntes que suben y bajan de la ciudad de El Alto, estigmatizando la ciudad, criminalizando a sus habitantes y a los pueblos indígenas.
Frente a este escenario de asfixia y violencia, las comunidades movilizadas han asumido el mandato ético de activar y garantizar corredores humanitarios autónomos en los puntos de conflicto. La legitimidad de nuestra resistencia se sostiene en poner la vida en el centro; por ello, reafirmamos la exigencia de un tránsito irrestricto y obligatorio para ambulancias, suministros médicos, niños, ancianos, personas con discapacidad y personal de salud. Ninguna provocación estatal ni la desesperación del cerco pueden quebrar esta determinación: garantizar el auxilio oportuno a los vulnerables, consolida la estatura moral y el cuidado comunitario de un pueblo organizado frente a la soberbia de un Ejecutivo que prefiere el desastre antes que escuchar las demandas de su sociedad.
- DE LA RETÓRICA ANTICORRUPCIÓN AL ESTADO CLEPTOCRÁTICO (EN TIEMPO RÉCORD)
En seis meses, el gobierno de Paz ha sepultado su promesa de transparencia. Hechos verificados:
– Gasolina basura: Combustible contaminado que dañó el parque automotor, con sobreprecio de 4 millones de dólares mensuales. El vicepresidente denunció “contratos lesivos al Estado”.
– Fuga de Yussef Akly: El expresidente de YPFB salió del país violando la Ley 1352, con presunta complicidad de funcionarios del actual gobierno.
– Maletas del poder: 32 maletas con aproximadamente 100 millones de dólares de procedencia ilícita, que involucran a una ex legisladora y a un juez con armas y droga en su galpón.
– Bienes de Marset: 16 aeronaves, decenas de vehículos blindados y armamento incautados al narcotraficante Sebastián Marset, cuyo inventario se oculta y cuyos bienes han sido saqueados.
El gobierno de Paz no vino a refundar nada; vino a perfeccionar en tiempo récord los peores vicios de las últimas décadas.
- LA ENTREGA DE LA SOBERANÍA NACIONAL: UNA POLÍTICA EXTERIOR SUBORDINADA
El gobierno de Paz ha convertido a Bolivia en un satélite de la política del imperialismo estadounidense:
– Restablecimiento de relaciones con EE.UU. (8 de noviembre 2025): Implica alineación estratégica con el Departamento de Estado, incluyendo el retorno de la DEA, que representa una violación de la soberanía nacional y una puerta al militarismo.
– Relaciones con Israel(diciembre 2025): Restitución plena de relaciones diplomáticas, mientras la Corte Internacional de Justicia investiga a Israel por genocidio en Gaza.
– “Escudo de las Américas” (marzo 2026): Bolivia asiste a la cumbre de Donald Trump en Miami, una iniciativa de seguridad que implica subordinación al Pentágono.
– Política comercial entreguista: Apertura del mercado egipcio para la carne boliviana (beneficiando a grandes agroexportadores) y arancel cero para importación de tecnología que debilita la industria nacional.
- RACISMO, CLASISMO Y GUERRA SIMBÓLICA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS: BORRAMIENTO CULTURAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Y AFIANZAMIENTO DE UN ESTADO PATRIARCAL Y COLONIAL
En los estallidos sociales de Bolivia, ha sido una constante histórica, el racismo institucional, social y desde los grandes medios de comunicación, hacia los pueblos indígenas y campesinos, manifestando mediante agresiones, descalificaciones, humillaciones públicas y la criminalización por ejercer el derecho a la protesta.
El gobierno de Paz ha emprendido una ofensiva sistemática contra la plurinacionalidad:
– Retiro de la Wiphala de la banda presidencial (8 de noviembre 2025): Negación simbólica del Estado Plurinacional y esto dio paso a algunas personas Paceñas pisotear la Whipala desconociendo la memoria larga de luchas nuestros pueblos originarios y afros.
– Reincorporación de Biblia y crucifijo en la Asamblea Legislativa (4 de noviembre 2025): Violación del artículo 4 de la Constitución Política del Estado que declara al Estado Plurinacional de Bolivia como un Estado laico.
– Restitución del emblema castrense tradicional: Eliminación de la wiphala, la kantuta y la flor de patujú del emblema del Ejército. Paz declaró: “La Wiphala no es un escudo”.
– “Eliminación del “Reloj del Sur” (06 de noviembre del 2025, confirmado por Erbol): Las manecillas vuelven a girar hacia la derecha, borrando el símbolo de descolonización del tiempo.
– Cambios en la imagen institucional: Reemplazo de la chakana (emblema andino) por el escudo nacional monocultural.
Estos gestos no son menores, constituyen un intento de homogeneización cultural que desconoce siglos de lucha indígena. En este sentido es importante aclarar que los sectores movilizados no son responsables de la imposibilidad de trabajar o de que no lleguen alimentos, es el estado que no quiere hacerse cargo de las consecuencias de su gobierno.
- LA CRISIS ESTRUCTURAL Y LA FALSA SALIDA NEOLIBERAL
La crisis que atraviesa Bolivia no es coyuntural, es estructural. El modelo económico extractivista y redistributivo, basado principalmente en la renta del gas, ha llegado a sus límites históricos con el agotamiento de nuestras reservas internacionales, la consiguiente caída sostenida de las exportaciones de hidrocarburos, la deuda pública creciente, los déficits fiscales persistentes por más de una década, la inflación desbordada y una brecha cambiaria que evidencia la escasez de divisas.
Esta crisis no fue creada por el gobierno de Paz, pero su respuesta neoliberal —ajuste fiscal, endeudamiento externo, apertura indiscriminada al capital transnacional, privatización de empresas estratégicas y recorte del gasto social— NO LA RESUELVE: AL CONTRARIO, LA AGRAVA. Es la misma receta que ya fracasó en Bolivia durante los años noventa, que generó las Guerras del Agua y del Gas y que fue derrotada por la movilización popular.
El gobierno de Paz no ofrece una salida estructural. Ofrece una receta que profundizará la desigualdad, la dependencia externa y la precarización de la vida de los sectores populares.
- REIVINDICACIONES Y CONQUISTAS
Defendemos las conquistas históricas de nuestro pueblo, que el gobierno de Paz pretende desmontar. La naturaleza del Estado Plurinacional y las autonomías indígenas; la inembargabilidad de la pequeña propiedad y la prohibición del latifundio; la nacionalización de los hidrocarburos y las empresas estratégicas; así como el blindaje legal conquistado por las mujeres, diversidades y sectores populares en materia de identidad de género, descolonización educativa y lucha contra el racismo y la violencia patriarcal.
Sabemos que la llamada “Revolución Democrática y Cultural” no erradicó el racismo estructural, ni el patriarcado, ni el capitalismo. Hubo redistribución, pero no transformación estructural de las relaciones de producción. Las grandes ganancias del agronegocio, la banca y la minería privada siguieron sin pagar impuestos progresivos y llenándose los bolsillos. Esta crítica es la base para no mitificar el pasado y para exigir un nuevo modelo que transforme estructuralmente el país: que cobre impuestos justos a las grandes riquezas, que desincentive el extractivismo, que profundice los procesos de nacionalización de los recursos naturales, que controle el comercio exterior y financie la vida, la cultura y los territorios.
- NUESTRA POSICIÓN COMO TEJIDO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA
Rechazamos a este gobierno por sus acciones ilegítimas, por ser entreguista en política exterior, neoliberal en economía, represivo con el pueblo y racista con sus símbolos.
Y expresamos nuestra solidaridad activa con:
– Las federaciones de trabajadores fabriles, de la construcción y de la economía popular, que sostienen la lucha en las calles contra el ajuste y la precarización laboral. Los sindicatos del magisterio urbano y rural, en defensa de la educación pública y con el pueblo movilizado que responde al llamado de la COB o se autoconvoca para sumarse a las protestas.
– Los trabajadores de la salud, transportistas y gremiales, afectados por el gasolinazo y la inflación.
– Las bases obreras que, más allá de sus dirigencias, mantienen viva la resistencia en los centros de trabajo.
– Las naciones indígenas, que resisten el avance del agronegocio y la minería ilegal.
– Los movimientos sociales urbanos, juntas vecinales y la economía popular.
– Las organizaciones de mujeres y disidencias sexuales.
– El sector cultural y artístico comunitario, que resiste el ahogo presupuestario y la precarización de la vida, defendiendo la autogestión de las expresiones urbanas y ancestrales frente a un sistema que intenta reducir la cultura viva a un producto de consumo turístico y vitrina oficial, vaciándola de su potencia crítica, organizativa y comunitaria.
- EXIGENCIAS AL GOBIERNO
- Cese inmediato de la represión y liberación de todas las personas detenidas en el contexto de la protesta social, cese a las violencias y provocaciones de los comités cívico, personas y de muchas autoridades, cese a la criminalización de la protesta.
- Retiro de la DEA y reversión del alineamiento militar con Estados Unidos.
- Restitución de los símbolos plurinacionales: Wiphala en la banda presidencial, Reloj del Sur, chakana en la imagen institucional.
- Apertura de una mesa de diálogo genuina y horizontal con los sectores movilizados del país, después de varios intentos de dialogo, exigimos garantice que los pliegos petitorios sean la base vinculante de la negociación.
- El rechazo al ‘Paquete de Cochabamba’: 10 proyectos de ley y una reforma constitucional presentados por el gobierno el 9 de mayo, que buscan privatizar los recursos naturales, flexibilizar la protección de los territorios y profundizar el modelo neoliberal.
- Sometimiento a consulta previa con carácter vinculante de toda ley agraria que afecte territorios indígena originario campesinos.
- Respaldamos las decisiones que emergen de la voluntad colectiva de los pueblos en movilización, hoy concentradas en el cese de este gobierno ilegítimo.
- Compromiso al no ahogamiento y la no privatización de empresas públicas.
- LLAMADO A LA ACCIÓN CONTINENTAL
A los colectivos, redes y organizaciones de Cultura Viva Comunitaria de Iberoamérica y el mundo, convocamos a:
- Difundir y traducir este pronunciamiento en sus territorios, y exigir a sus gobiernos una posición clara y solidaria con los pueblos frente a la crisis de derechos humanos en Bolivia.
- Realizar acciones simbólicas de apoyo (vigilias, intervenciones artísticas, comunicados públicos) frente a las embajadas bolivianas en sus países.
- Exigir a la CIDH y a la ONU el envío de una misión de observación de derechos humanos independiente a Bolivia.
- Articular una campaña continental de rechazo a la política exterior entreguista de Paz, en particular al restablecimiento de relaciones con Israel en medio del genocidio en Gaza.
El tiempo que vivimos es oscuro, pero nuestra historia es luz.
No permitamos que nos arrebaten la alegría, la dignidad ni la memoria.
¡Por la defensa de la vida, la cultura y la Madre Tierra!
¡Jallalla, Ñandereko, Suma Qamaña!
¡Somos Tejido, somos historia, somos Cultura Viva Comunitaria!
Organizaciones firmantes
La Paz, 26 de mayo de 2026
