La crisis democrática e institucional del sistema judicial está significando un enorme retroceso en los casos de violencia principalmente de mujeres y disidencias y sus derechos. María Elena Attard, especialista en el acompañamiento judicial en casos de violencia nos advierte los riesgos de estos retrocesos en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Junto a Fundación Construir tenemos una clínica jurídica y llevamos a cabo litigio estratégico, litigio estratégico que está vinculado además a grupos de atención prioritaria y en particular a mujeres en ciclos de violencias.
El litigio estratégico selecciona casos emblemáticos entendiendo todo el patrón estructural. Muchos tienen la finalidad de generar un cambio, especialmente en altas cortes como el Tribunal Constitucional, cambios de jurisprudencia, de manera tal que estos cambios se apliquen a todos estos casos de vulneración de derechos.
Es importante entender que Bolivia forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y del Sistema Universal, entonces debe cumplir sus obligaciones internacionales de buena fe.
Y en temas de avances de derechos, de no discriminación, ha habido también y existen estándares más altos muy importantes que respaldan también nuestra lucha y que son desconocidos por las autoridades judiciales, fiscales, por el sistema judicial, y también una de nuestras misiones es generar que se apliquen estos estándares y en definitiva generar que quienes han estado siempre en la periferia del sistema judicial tengan voz y puedan tener acceso a la justicia. Entonces esa es nuestra misión y esa es la tarea que también combina academia con litigio.
Ahora, venimos con quiebres democráticos desde el Tribunal Constitucional muy graves que, como siempre, van a tener un impacto mayor, van a afectar en mayor grado a las mujeres en situación de violencia, a las personas privadas de libertad que además no cuentan con recursos económicos, que son migrantes, que están en condiciones de múltiple vulnerabilidad. Como ustedes saben, los anteriores magistrados del Tribunal Constitucional han ampliado su mandato de manera absolutamente arbitraria, cambiando lo establecido por la Constitución y han suspendido parcialmente las elecciones judiciales. Como consecuencia de este tema, esta ruptura del orden constitucional ha generado que el Tribunal Constitucional tenga una mora de más de 18 mil causas, causas que están pendientes de resolución.
Es es el contexto y el argumento que utiliza el Tribunal Constitucional para unificar su jurisprudencia, restringiendo el acceso a la justicia, especialmente a mujeres en situación de violencia y en realidad a grupos de atención prioritaria históricamente excluidos. Entonces el tribunal plantea la idea de que hay que garantizar celeridad procesal y para eso hay que cerrar las puertas o restringir el acceso a la justicia. ¿Y entonces qué ha hecho? Primero ha venido pronunciando sentencias regresivas en contra de avances de estándares más altos que se han logrado justamente a través del litigio estratégico y luego estas sentencias restrictivas las unifica para que todos los tribunales las sigan. Lo que implica desconocer primero avances progresivos que ya se tenían en el ámbito interno, pero además significa desconocer instrumentos en derechos humanos ratificados por Bolivia y que deben ser cumplidos de buena fe.
