Por: Rafael Bautista S.
La “solución por el desastre” nunca ha sido solución para nadie. Ni siquiera para quienes la promueven (que nunca están sólo de un lado). Éste es el radicalismo funcional a intereses que sólo se manifiestan cuando el desastre se consuma y delata una lógica no calculada por los tontos útiles: “no nos interesa el desastre sino cuántas ganancias nos genera el desastre”.
La promoción de un contexto infernal en un país polarizado, se inició con el incendio de la Chiquitanía. Aquello, que debió servir como alerta simbólica –en lenguaje telúrico– fue infelizmente instrumentalizado por el cálculo político más siniestro.
La lluvia no apareció por casualidad sino para enseñar algo que no se supo aprender (ni en el gobierno ni en la oposición): el conflicto no se iba a superar atizándolo más sino purificando la beligerancia. Ceder es entender. El beligerante cree que sólo él tiene la razón. Pero todo conflicto es entre dos y ninguno es inocente del todo. Sólo cuando se acepta la responsabilidad mutua, la política se hace efectiva; lo contrario nos lleva a la guerra, donde cada uno pelea por imponer su propia versión: el triunfo lo decide la fuerza, no la razón.
En ese sentido, la “contienda” electoral –ya contaminada por el odio fermentado– se fue haciendo literal. No sólo la oposición usó los cabildos premeditadamente para inflamar el contexto post-electoral sino también el gobierno, en su autismo habitual, no supo revertir una situación que se perfilaba como un típico callejón sin salida. Las encuestas previas no sólo confirmaban el desgaste de la candidatura oficialista sino la apuesta que la oposición barajaría como el argumento perfecto: segunda vuelta o fraude. La actual consigna de “defensa del voto”, no fue un producto espontáneo sino un recurso discursivo idóneo para manipular el “espíritu democrático” raptado ya por la derecha.
Hagamos un poco de historia. Desde que aparece el “sistema democrático” como fetiche institucionalista, el voto se ha constituido en la única mercancía admitida por la cosmogonía imperial. Ni el “proceso de cambio” pudo superar este diseño político (que lo produce la Comisión Trilateral en 1970), porque cuando se confunde liberación e inclusión, se acaba subsumiendo las expectativas de transformación en la subordinada adecuación al orden imperante. Pero esto no cualifica lo democrático de una real democratización de una sociedad, sino más bien funcionaliza todo proceso de democratización a las necesidades institucionalistas de la reposición de un orden diseñado precisamente para hacer imposible una democratización plena.
