La Defensoría del Pueblo registró, de 2013 a 2022, un total de 1.033 denuncias por tortura o malos tratos, que contemplan una afectación a la integridad física y psicológica. Los datos muestran que la Policía Boliviana, con 769 casos, y las Fuerzas Armadas, con 131, son las instituciones más denunciadas. Ahora, hay que decir que, en realidad, son mucho más que 131, porque esos son solo los casos que se atreven a denunciar. Este tema de la impunidad tiene una larga historia en las Fuerzas Armadas.
Nosotros podemos decir, acompañando casos de personas afectadas, particularmente en las Fuerzas Armadas, donde la tortura tiene un nivel de sofisticación que no se ve en la Policía, que estos casos expresan la realidad de un sistema que hace pensar en la omertà. Para quienes no conocen qué es la omertà, es una palabra que nace en Italia, donde había regiones en las que, si ocurrían asesinatos o muertes, la población tenía el deber de callar los hechos porque estaba bajo control de la mafia.
Y hasta hoy vivimos esa forma de encubrimiento frente a actos que sean delincuenciales o también accidentales, pero que están encubiertos en nombre de esa mentalidad de omertà, que prohíbe decir la verdad de lo que está pasando. Eso significa que el peligro de la repetición está presente de manera permanente. Después de esa ocasión perdida en 2014, donde había un potencial real para crear una reforma de fondo en las Fuerzas Armadas y que fue reprimida con el apoyo del gobierno, no hubo ningún cambio. En todos estos años se mencionaron los problemas, pero no hubo ninguna reforma.
Es de imaginar que el sistema militar, tal como está hoy, no está dispuesto a cambiar. Yo veo como única posibilidad que se logre crear un movimiento, primero con las víctimas y los familiares, como en el caso de Viacha, porque eso es fundamental.
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