Quiroga Díaz, economista, coordinadora académica de la Maestría de Economía Social e investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), explica: “Durante el gobierno anterior hubo un reconocimiento a la jubilación como un derecho social. Para las mujeres significó la posibilidad de tener ingresos en la vejez por toda una vida dedicada al trabajo, que sostiene la vida y que permite a las actividades productivas contar con los trabajadores que demanda. Con el fin de la moratoria se pasa a un esquema asociado a la protección social que no reconoce la trayectoria laboral de las personas ni la responsabilidad que tiene el Estado frente a las necesidades de reproducción. De esta manera, el trabajo doméstico es ignorado en su producción de valor y en la contribución que hace para que la economía sea posible”.
Para la economista (autora de Economía Pospatriarcal. Neoliberalismo y después, próximamente editado por lavaca y que ya se encuentra disponible para la preventa) la Pensión Universal “es una política pensada en la clave de las políticas de ajuste para la contención de la pobreza, que si bien resuelve la situación de las personas que están en una situación de precariedad económica, implica un retroceso frente al sistema anterior que tenía una lógica universal y de derechos poniendo el acento en una comprensión del trabajo que va más allá del mercado”.
Y agrega: “A la vez, hace explicita la responsabilidad del Estado frente a un mercado laboral desigual y precarizado que impide la cotización de los tiempos y montos necesarios, así como las desigualdades estructurales que llevan a que las mujeres estén sobre representadas en la población sin ingresos”.
Por la Pensión Universal para Adultos Mayores los y las beneficiarias cobran $8.328,30 por mes. “Alcanza a las personas mayores de 65 años que no sean parte del régimen provisional y tiene el problema de que el pago mensual es el 80% de la jubilación mínima. Esto es muy grave, está en un 10% por debajo de la línea de la pobreza, eso quiere decir que es un plan que condena a las personas a una situación de vulnerabilidad total. La PUAM dejó de cubrir la canasta básica total”.
Un ejemplo: según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los precios de los medicamentos aumentaron un 257 por ciento entre mayo de 2015 y febrero de 2019.
Quiroga Díaz: “Acabar con la moratoria es todavía más grave en el contexto en que el gobierno ha declarado la guerra a las y los jubilados. Los condicionamientos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional llevaron a la modificación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones que las pone por debajo de la inflación. Lo que vemos en estos dos años es una masiva transferencia de ingresos de sectores que necesitan cuidado y que han trabajado toda su vida, del despojo a uno de los sectores más vulnerables de la población en el que además las mujeres están sobrerrepresentadas para sostener el esquema de especulación financiera del gobierno. No olvidemos que hoy diariamente se pagan más de 2000 millones diarios de intereses a los Leliq mientras que los jubilados son remunerados por debajo de la línea de la pobreza”.
