Nos vamos a Ecuador para conversar respecto a estas configuraciones contemporáneas, en esta suerte de consorcios, articulaciones entre lo que se suele denominar economías criminales, economías mafiarizadas, el complejo empresarial transnacional cada vez más ligado a las élites exportadoras de nuestros países, un extractivismo ampliado en nuestros territorios, el control de los gobiernos lo cual ejerce presión sobre los territorios en general, de pueblos indígenas, pero también de poblaciones pobres, tanto en espacios rurales como base de la expansión extractivista y de estas economías mafiarizadas, pero también en espacios urbanos y una presión sobre los cuerpos concretos de las personas. Este tema los vamos a abordar a partir del caso ecuatoriano y lo vamos a hacer con Andrea Aguirre Salas. Ella es doctora en historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, actualmente enseña en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, donde es profesora e investigadora. Además es participante desde la militancia concreta, participante fundadora de Mujeres de Frente, que es una organización feminista popular antirracista contra el castigo, fundada en la cárcel de mujeres de Quito el año 2004, dedicada a procesos de educación popular, co-investigación y acción cooperativa y política. También es integrante fundadora de la revista feminista quiteña Flor de Guanto.
Andrea nos comparte: Para comprender el importantísimo problema que ustedes nos están proponiendo, lo primero que quiero intentar argumentar en este diálogo es que esta comprensión necesita hacerse desde una perspectiva radicalmente feminista, radicalmente antirracista, y además capaz de entender las lógicas de acumulación de capital entre lo legal y lo ilegal. Esos van a ser los tres argumentos que quisiera aportar a esta importante discusión.
Para empezar, quisiera argumentar por qué nosotras estamos planteando la necesidad de comprender esta fase desde una perspectiva feminista. En el Ecuador, de manera intensiva, en toda nuestra región, la puesta en guerra de los pueblos se ha convertido en la fundamental coordenada de gobierno. Esto, por supuesto, no solamente en el contexto ecuatoriano con el gobierno fascista, dicho sea de paso, de Daniel Noboa, sino a nivel regional, como una política desplegada desde el gobierno norteamericano, que se materializa además con las intervenciones del Comando Sur y con los lineamientos que las distintas embajadas norteamericanas van desplegando en los países.
La guerra es, por definición patriarcal, si nosotros entendemos al patriarcado como la violencia letal, como razón política de última instancia, como el poder de dar muerte, entenderemos entonces que la guerra como mecanismo de gobierno intensifica los sentidos comunes patriarcales, legitima las prácticas de militarización de la seguridad interna y de paramilitarización también, que es lo que estamos nosotros viendo en el Ecuador. Es fundamental entonces una perspectiva antipatriarcal para poder efectivamente oponerse a la guerra como mecanismo de gobierno.
En el caso ecuatoriano en particular, la militarización es ya una legalizada por consultas populares anteriores, por supuesto, a la del domingo pasado, que nos tiene felices porque le dijo no a las bases norteamericanas en el Ecuador. Sin embargo, la anterior consulta del propio Daniel Noboa legalizó la militarización de la seguridad ciudadana, es decir, que las fuerzas militares que están entrenadas para la aniquilación de enemigos de guerra están en este momento autorizadas para acompañar a la Policía Nacional en el control de la seguridad interna. El enemigo interno del cuerpo militar es, por supuesto, un enemigo, vamos a decir, integrado por ecuatorianos, integrado por pueblos señalados como terroristas además, y por tanto encontramos que la militarización implica la construcción de enemigos ya no internacionales sino internos a ser aniquilados.
Recordar además que en enero de 2024 el gobierno ecuatoriano declaró oficialmente al Ecuador en un conflicto armado no internacional y declaró a algunas llamadas organizaciones del crimen organizado, grupos del crimen organizado, como estructuras armadas beligerantes a ser aniquiladas por las fuerzas armadas. Digamos que el Ecuador está oficialmente en guerra y digamos que la política de estado ha sido la militarización. Pero quiero decir también, lo cual para nosotras es clave no sólo en el Ecuador sino en la región, la pala para militarización.
Digamos que aquellos llamados grupos del crimen organizado tenemos muchas evidencias para argumentar que han sido creados desde el propio estado. Me refiero al hecho de armarles y me refiero al hecho concreto en el caso ecuatoriano de que estos grupos se consolidaron desde las prisiones, es decir, bajo custodia del estado. Además de la serie de casos escandalosos que han demostrado la colaboración directa entre funcionarios de estado del más alto rango, por lo demás, con los llamados grupos del crimen organizado, que para nosotras es clave nombrar y entender que se trata de estructuras paramilitares.
La puesta en guerra es una clave de gobierno y lo es porque legitima las violencias, las ejecuciones extrajudiciales, la puesta de diversos pueblos a nivel urbano y rural entre fuegos, fuegos cruzados entre estructuras militares y paramilitares y por tanto, decimos nosotras, es una política que tiene que cuestionarse y discutirse desde, decía yo, una perspectiva feminista que ponga en cuestión la violencia letal como razón política. La puesta en guerra de los pueblos genera una enorme confusión, que es lo que estamos experimentando en Ecuador.
Una enorme confusión sobre cuáles son los actores que están interviniendo con formas violentas en los diversos territorios, desplazando poblaciones, favoreciendo la acumulación de capital entre lo legal y lo ilegal. Una enorme confusión porque además las estructuras paramilitares y por supuesto el ejército regular también se organizan a partir del reclutamiento de nuestros jóvenes, de jóvenes en su inmensa mayoría racializados. Por tanto, el vivir en este contexto de enorme violencia genera muchísima confusión, genera miedo, genera angustia y por tanto va en favor de las formas autoritarias de gobierno.
Las formas, voy a decir, patriarcales de gobierno que, insisto, otorgan el poder, la potestad a quienes detentan el poder y la violencia letal. Por eso decimos nosotras la primera perspectiva que yo quería compartir con ustedes, la perspectiva feminista. Digamos que la lucha, las luchas en plural contra estas nuevas formas de explotación será feminista o no será.
Pero también para nosotras es fundamental la segunda perspectiva que yo quería poner sobre la mesa, la perspectiva radicalmente antiracista. Nosotras empezamos por plantear lo que ya dije, las bases, voy a decir, la tropa, los componentes más bajos de las estructuras militares y paramilitares son jóvenes racializados. Esto implica que se constituye una suerte, si quieren ustedes, de proletariado de la violencia en favor del capital extractivo que está compuesto por jóvenes racializados que, por lo demás, son trabajadores descartables.
Esto quiere decir que son jóvenes que trabajando, teniendo la violencia como su medio de trabajo, al mismo tiempo mueren muy jóvenes, al mismo tiempo son objeto de torturas en las prisiones, son objeto de violencias harto letales. Entonces, para empezar, la perspectiva antiracista nos tiene que llevar, si ustedes quieren, la valentía de nombrar que no sólo en el ejército, sino también en los grupos paramilitares, los que llaman grupos del crimen organizado, en esas estructuras los grandes afectados, los cuerpos destruidos, los cuerpos convertidos en descartables son de jóvenes racializados. En el caso ecuatoriano, claramente jóvenes de raigambre africana, afroecuatorianos, también montuvios y de raigambre indígena, aunque en tercer lugar……ponemos aquí la entrevista completa junto a Andrea para que sigas escuchando su intervención….
