El carácter históricamente indomable del sujeto nacional-popular en sus diatribas ha expresado el conocimiento alcanzado sobre las limitaciones que tiene “el Estado”, para sujetarlo y en el momento del quiebre o crisis de éste, avanza en sus reivindicaciones arrastrando al conjunto de la sociedad en una vorágine que cambia las relaciones sociales y económicas del momento, tal situación se ha registrado como proceso desde el 2003, hito signado estéticamente como “La guerra del gas”, cuyos elementos discursivos de insubordinación en su primera fase se expresaba en la recuperación del control de los recursos hidrocarburíferos de manos de las “Transnacionales” y por otra parte “Constituyente” que explicitaba la necesidad de superar socialmente el trauma sociocultural de exclusión política de nuestras identidades indígenas originarias campesinas.
El proceso en su segunda fase, a partir del año 2006, significo una transformación acentuada del sistema político vigente, dirigida en ese momento mayoritariamente por el sujeto nacional-popular, que acuño en el discurso el vocablo de “Soberanía” que como significante estaba asociado a una ruptura de la dependencia de Estados Unidos y el sistema económico de exacción al que estábamos sujetos, en esos momentos de hilaridad las imágenes propositivas de transformación alcanzaban no solo a los recursos hidrocarburíferos, se extendían a los minerales, a los acuíferos, a la biodiversidad, etc. a todo y cuya sustancialidad imaginada se correspondía a la heterogeneidad de su composición humana, sin embargo el Sentido Común convergía como causa a ser anulada o cuando menos controlada “a lo externo”, “a lo gringo”; podría decirse que tal situación no es novedad porque también sucedió lo mismo en la Revolución del 52 o tal vez en los años 70 entre los regímenes militares de Ovando y Torrez, pero la diferencialidad está en el grado de alcance de su extensión social orgánica movilizada. Otro vocablo discursivo de esta fase, que alcanzaba el plano humano, es el “Dignidad” que connotaba para el sujeto nacional-popular, por una parte, dentro el marco conceptual democrático-occidental, la necesaria “igualación” entre las gentes, para tener las mismas posibilidades de poder ejercer los derechos nominados por “El Estado” para todos los ciudadanos, pues hasta el momento en la práctica cotidiana se vivía una diferenciación de posibilidades e imposibilidades en función al sitial categorizado por las variables económicas, sociales y étnicas, pero por otra parte desde la perspectiva cultural, el imaginario de “Dignidad”, especialmente el rural, se extendía hacia el respeto de sus formas y mecanismos de gestión socio institucional sobre los recursos tangibles e intangibles existentes en su territorialidad, que respondía a una racionalidad propia desarrollada en sus miles de años de vivencia y conservada en resistencia a partir de la colonización española, bastante diferenciada del racionalismo positivo occidental.
Si bien en esos momentos afloraban todas estas visiones y proposiciones del sujeto nacional-popular en las esferas del control gubernamental, la aplicación práctica en políticas de gobierno comienza a mostrar los signos de diferenciación en las perspectivas hacia donde se quiere llegar, por una parte “los funcionarios” del Estado y por otra la base social del movimiento popular, iniciándose en este encontrón la tercera fase del proceso: El 2008, la bifurcación de los caminos. Si bien la Asamblea Constituyente en la Ciudad de Oruro había aprobado en grande la retorica de las características generales sobre las nuevas relaciones que regirían entre los sujetos tanto individuales como colectivos y “El Estado” donde indudablemente el sello de las y los representantes del sujeto nacional-popular signaron el avance cualitativo de estas nuevas relaciones, es sin embargo en Cochabamba donde se negocian los intereses reales de los sujetos políticos efectivos de ese momento, es a partir de allí que se establece que la reconfiguración de esa institucionalidad denominada “Estado”, se hará dentro los marcos de formalidad establecidos por el “mundo civilizado”, es decir sin muchos exabruptos y/o radicalidades que puedan afectar de forma significativa los privilegios adquiridos por las clases dominantes emergentes del anterior período conocido como “Nacionalismo Revolucionario” (1943 – 2004). Con esa connotación social pactada, se inicia la transición al “Estado Plurinacional”, quedaba claro que “los funcionarios” del Estado cumplirían de allí en adelante el rol de atenuar todas las discrepancias, objeciones, cuestionamientos, etc. que reivindiquen la primacía de los derechos del ser nacional-popular, sobre los privilegios y ventajas de los grupos oligárquicos.
Los posteriores sucesos de los siguientes diez años, nos van mostrando señales claras que la visión de los “funcionarios” tanto en los niveles nacionales como subnacionales es la de SER un “Estado Moderno, Fuerte y Competitivo”, visiones que están contrapuestas en la práctica al imaginario del sujeto nacional-popular de SER un “País Digno y Soberano”. Es evidente que como ser social no estamos en un momento de esclarecimiento, es más, nuestra lecturas se encuentra atravesadas por una circunstancia de desconcierto, pues las líneas de acción de nuestros referentes dirigenciales, si bien indican discursivamente que se avanza hacia la democratización del acceso de las mayorías a bienes y servicios, que es también una aspiración de muchos, pero se hace muy visible que va ser a costa de reeditar nuestra posición de dependencia frente al Capital Internacional y ser funcionales al mantenimiento del sistema capitalista; y hechos como los que se dieron con los Qara Qara o en Chiquiaca, son campanazos que repercuten amplificando una pregunta, ¿¿¿hacia donde estamos yendo???
