Categoría: TEMAS

Por: Rafael Bautista S.

La “solución por el desastre” nunca ha sido solución para nadie. Ni siquiera para quienes la promueven (que nunca están sólo de un lado). Éste es el radicalismo funcional a intereses que sólo se manifiestan cuando el desastre se consuma y delata una lógica no calculada por los tontos útiles: “no nos interesa el desastre sino cuántas ganancias nos genera el desastre”.

La promoción de un contexto infernal en un país polarizado, se inició con el incendio de la Chiquitanía. Aquello, que debió servir como alerta simbólica –en lenguaje telúrico– fue infelizmente instrumentalizado por el cálculo político más siniestro.

La lluvia no apareció por casualidad sino para enseñar algo que no se supo aprender (ni en el gobierno ni en la oposición): el conflicto no se iba a superar atizándolo más sino purificando la beligerancia. Ceder es entender. El beligerante cree que sólo él tiene la razón. Pero todo conflicto es entre dos y ninguno es inocente del todo. Sólo cuando se acepta la responsabilidad mutua, la política se hace efectiva; lo contrario nos lleva a la guerra, donde cada uno pelea por imponer su propia versión: el triunfo lo decide la fuerza, no la razón.

En ese sentido, la “contienda” electoral –ya contaminada por el odio fermentado– se fue haciendo literal. No sólo la oposición usó los cabildos premeditadamente para inflamar el contexto post-electoral sino también el gobierno, en su autismo habitual, no supo revertir una situación que se perfilaba como un típico callejón sin salida. Las encuestas previas no sólo confirmaban el desgaste de la candidatura oficialista sino la apuesta que la oposición barajaría como el argumento perfecto: segunda vuelta o fraude. La actual consigna de “defensa del voto”, no fue un producto espontáneo sino un recurso discursivo idóneo para manipular el “espíritu democrático” raptado ya por la derecha.

Hagamos un poco de historia. Desde que aparece el “sistema democrático” como fetiche institucionalista, el voto se ha constituido en la única mercancía admitida por la cosmogonía imperial. Ni el “proceso de cambio” pudo superar este diseño político (que lo produce la Comisión Trilateral en 1970), porque cuando se confunde liberación e inclusión, se acaba subsumiendo las expectativas de transformación en la subordinada adecuación al orden imperante. Pero esto no cualifica lo democrático de una real democratización de una sociedad, sino más bien funcionaliza todo proceso de democratización a las necesidades institucionalistas de la reposición de un orden diseñado precisamente para hacer imposible una democratización plena.

Por: Comunidad Uywana Wasi

Reynaldo

En el área rural la colonización está avanzando rápidamente, esto parece una auto colonización, ya que no es necesario la fuerza de las armas para colonizar como lo hicieron en el pasado, ahora es una fuerza subconsciente de querer en el sistema competitivo de desarrollo, para lograr alcanzar los sueños ajenos que les han metido en la escuela y que les meten subconsciente mente desde sus poderosas armas de destrucción masiva, los medios de comunicación.

Mientras en la ciudad hay gente que se jacta de estar revalorizando la cultura y costumbres ancestrales, en el campo las están olvidando cada vez más. Los tocatiris piensan que por ganar un concurso o festival de música autóctona y a están ayudando a fortalecer nuestra cultura. O cuando realizan una feria comercial de tejidos originarios fomentando su industrialización piensan que están reafirmando nuestra cultura, sin embargo están llevando a un plano más mercantil y de folclore a nuestras costumbres. Cuando en el campo más jóvenes se dejan seducir con las costumbres de la ciudad. Esta ciudad que en vez de profundizar el sentido y sentimiento de las tradiciones, más bien los comercializan y los convierten en shows de todo tipo que terminan distorsionando y aniquilando el verdadero espíritu, fuerza, misteriosidad, energía y deja de ser parte del equilibrio de la naturaleza.

Es triste pensar que todo esto nos lleva a un tiempo espacio donde ya no exista el campo como tal; donde los valores, costumbres, rituales, tradiciones y más se pierdan en la memoria; ¿esta en nuestras manos el evitar esto?, tal vez parece que nos enfrentamos contra un monstruo gigante (llamado globalización), pero la fuerza de nuestros ancestros están con nosotroas, la fuerza de nuestros ancestros y nuestras ancestras están con nosotraos, la fuerza de nuestroas cerros y montañas, cumbres, nuestros apus, achachilas, wakas, apachetas nos acompañaran siempre; la fuerza de nuestras selvas, ríos, lagos, montes, arenales todo y en todo lugar tenemos nuestros protectores y nosotros también debemos protegerlos. La resistencia empieza en uno/a mismo/a.

Munir Fasheh, Palestina

El término “Occidental” no es un término académico o intelectual, y tampoco es geográfico. Para mí, significa dolor, injusticia, destrucción, y enojo dentro mío, e insensibilidad de parte de las instituciones. No es algo abstracto, por el contrario es algo muy concreto y ha estado irrumpiendo mi vida casi por completo. La liga de las Naciones legitimo la ocupación de los británicos en Palestina. Las Naciones Unidas legitimo la ocupación Sionista. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos robó nuestra dignidad. El desarrollo nos robó nuestros recursos. Las agencias de donación extranjera destruyo nuestra habilidad de sobrevivir y funcionar por nosotros mismos. Las ONGs. Están deshilachando el tejido socio-cultural-espiritual de nuestras sociedades. Las Naciones Unidas legitimaron la invasión a Irak en 1990; y la ocupación de Líbano. Tomando a Palestina como un ejemplo, la matanza, la hambruna, y la destrucción en todos los niveles está siendo permitido en Gasa con total apoyo de CADA UNO de los países Occidentales y por grandes organizaciones e instituciones, incluyendo Estados de Naciones Árabes que fueron creadas en la región. Esta colaboración de instituciones (durantes los pasados 500 años) creadas para destruir las comunidades humanas, y transformar el sufrimiento humano en diálogos intelectuales, es lo que el término “Occidental” provoca en mí.

Por muchos años, he cargado el “virus” (la institucionalización de todos los aspectos de la vida humana) y lo desparrame a través de mi trabajo principalmente como profesor de matemáticas y física. He encarnado el Occidente en mis percepciones, concepciones, actitudes, creencias, y comportamientos. Lo he internalizado en mi vida de muchas maneras: he creído que el camino de Occidente era el camino mejor para ser tomado para poder salir adelante; sentí que mi tarea era ayudar a mi gente y a mi país a desarrollarse (¡lo cual proclamaba que yo sabía lo que era bueno para ellos!) Esparcí las semillas de la educación donde sea que trabajaba – hasta que finalmente, durante la primera intifada, decidí que podría no hacer eso y sentirme bien en mi interior. El dolor que sentí me hace pensar sobre Occidente como una enfermedad. Sentí que necesitaba sanarme de lo que había internalizado. Me llevo muchos años, estoy aún luchando. Probablemente esto explica porque luchar contra Occidente es una visión equivocada. Al luchar en contra uno queda contaminado. La necesidad de sanarnos es lo que veo más propio en la gente que ha sido expuesta a materiales dañinos tales como educación, medios de comunicación masiva, comida procesada, etc. Quisiera clarificar algunas cosas; cuando digo Occidente, no me refiero a la gente (es más, yo he estado casado con una mujer Norte Americana por 40 años, obviamente no quiero decir que necesito sanarme de ella!). El Occidente del que me quiero sanar es el encarnado en mis percepciones, concepciones, actitudes, creencias, y comportamientos.

Por:Elmer Peña y LilloYembatirenda/Tarija

El Censo de Población y Vivienda realizado el año 2012 en Bolivia, evidenciaba la réplica de la tendencia de urbanización que se da en los países del hemisferio sur, el 67,5% de la población boliviana residía en el área urbana con una tendencia intercensal de crecimiento del 5%, significaría que hacia el 2022 la población con residencia urbana alcanzaría el 72%. Si bien el criterio de la modernidad planteado por occidente en sus inicios era el de liberar a las “fuerzas productivas de las penurias de la agricultura”, para incorporarlas a los florecientes procesos industriales urbanos; en el caso de Bolivia la realidad nos muestra que el proceso de urbanización ha llevado a la fuerza de trabajo principalmente hacia actividades de prestación de servicios y en menor medida ha procesos industriales, substancialmente por el carácter de dependencia y subordinación que tenemos con respecto a los designios que establece el “Capital” en función a los intereses de los accionistas de las empresas transnacionales y viabilizadas por los gobiernos de los denominados “países desarrollados”, situación conocida como “División Internacional del Trabajo”, tal vez esta afirmación nos parezca muy reiterativa, panfletaria o quizás obvia; pero lamentablemente en toda nuestra historia como país, han sido estos intereses los que han determinado nuestro acomodo, nuestra función y nuestras posibilidades en la economía mundial, signándonos como los proveedores de materias primas y ahora denominada como “extractivismo”.

Sin embargo han sido los momentos de insubordinación social a estos designios, los que han propiciado la recuperación de los excedentes/ganancias de las rentas país generadas por la extracción de materias primas, las que de una u otra manera han posibilitado incrementar la inversión pública estatal y con ello procurar que se dinamice y diversifique la economía, momentos tales como la expropiación de los yacimientos petrolíferos de manos de la Standar Oil en 1936, la nacionalización de las minas en 1952, la recuperación del control sobre los hidrocarburos en 2006; todos ellos quiérase o no han sido viabilizados por esa movilización social activa, que contrariaba a los intereses del “Capital” y desarmaba inicialmente a todo el entramado de complicidad establecida por determinados sectores sociales, que a través del control de la institucionalidad estatal fomentaban la subordinación y por ende la dependencia. Pero también ha sido recurrente que estos momentos de insubordinación social no han sido de larga duración, pues la movilización ha tendido a ser controlada para que no se radicalice, en un juego de tensión entre los sectores sociales emergentes, propugnadores de un nuevo orden en las relaciones sociales y económicas, con los sectores sociales desplazados que pretenden mantener el antiguo orden establecido en el ámbito del funcionamiento de esa institucionalidad nominada como “Estado”, resultando al tiempo que los emergentes son absorbidos por los mecanismos de reproducción social que tiene la institucionalidad, funcional a la articulación con el “Capital”.

Co-autoras: Laura Suaznabar Terrazas y Estefanía Suárez La Fuente, La Paz, Bolivia, 2015.

Recomendaciones de mecanismos para mejorar la implementación de la Ley Nº348 y conclusiones

Respecto a la forma del sistema y la ley 348

-          Existe LEY y los feminicidios han aumentado. De la misma manera todos los tipos de violencia se están incrementando de una manera impresionante, así como la crueldad con la que son cometidos. Muy pocas personas conoce que se han definido 16 distintos tipos de violencia en nuestra legislación y la peor de las fallas es que sólo se han tipificado dos, es decir que sin un tipo penal para los demás 14 distintos tipos de violencia, no se las puede reclamar y no constituyen un delito que active la posibilidad de activar el derecho subjetivo con el que toda víctima debería contar. - La Ley en estudio cuenta con contenidos que de aplicarse harían algún bien para frenar la violencia, y es más, éstos se consideran los más avanzados en América Latina pero no se aplican ni en un 10% ya que no ha habido presupuesto para ejecutar y aplicar la Ley. Una recomendación muy importante es la de extensión de partidas presupuestarias para la ejecución y aplicación de esta Ley, la preocupación política por esta alarmante masacre que se está cometiendo contra la integridad de las mujeres.

-          Considerando que se repiten efectos re-victimizadores y machistas en las instituciones que atienden a las mujeres, se recomienda que el personal sea especializado, que se impartan cursos de especialización además de un control en las funciones de estos trabajadores que asisten a las víctimas. Además, con respecto a la especialización, se recomendaría que antes de contratar, exista un importante sistema de filtros para seleccionar a personal con una manera de pensar y actuar adecuada al buen trato de una víctima de violencia.

Por: Pablo Medina Yembatirenda/Tarija

En el presente texto te compartimos algunas reflexiones y puntos de análisis que se plantearon en el marco del programa radial “Tertulias con sabor a mate y coca” emitido por la FM100.6 Yembatirenda-de la Red de la Diversidad en la ciudad de Tarija.

En los últimos años, una de las temáticas que regionalmente se ha planteando en el imaginario de la gente, es que los recursos económicos del departamento están disminuidos, tanto para la Gobernación como los municipio además de la Universidad de Tarija, producto del descenso de precios de hidrocarburos a nivel internacional y el consecuente descenso de ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH.

Un tema planteado mediáticamente (y ahora presente en el imaginario de la gente), es que a partir de ésa disminución se han explicado la falta de ejecución de proyectos, sobre todo a nivel de gobernación; otra de las explicaciones para entender la escases de recursos, tiene que ver con el mal manejo de gobiernos anteriores, en todos sus niveles y sobre todo la “intensión” del gobierno central de afectar a todo del Departamento.

Una situación que vale la pena conversarlo, porque, reiteramos, en el imaginario de la gente quedan clichés lanzados mediáticamente y que resultan muy funcionales políticamente, a la hora de presionar por concesiones, generando conflictos regionales.

Una de las preocupaciones a partir de ello es saber: ¿qué tan grande es el impacto de la disminución de los recursos que ingresan por el IDH a la Gobernación tarijeña? ¿Qué otros elementos hay que tomar en cuenta al momento de impulsar proyectos a nivel municipal y departamental?

Son varios los temas que se deben abordar pero vayamos planteando algunos elementos de contexto.

Para empezar, sí, efectivamente hay una disminución de recursos en las entidades públicas y con efectos negativos, particularmente en el gobierno departamental.

Hasta el año 2014 hubo un ascenso en los ingresos al presupuesto departamental de Tarija, casi 4 mil millones de bolivianos, pero desde el 2015 al 2018 esos ingresos disminuyeron a mil ochocientos millones de bolivianos, y un dato importante a considerar es que el monto del presupuesto para la gobernación tarijeña, es equivalente al presupuesto de tres departamentos, por ejemplo Chuquisaca, Oruro y Beni.

Entonces en cuanto a presupuestos gubernamentales, Tarija esta en primer lugar en Bolivia con alrededor de 1800 millones de bolivianos, luego Santa Cruz con alrededor de 1300 millones de bs, La Paz con 1200 millones de bs y el resto de los departamentos entre 600, 500 millones de bs de acuerdo al tamaño de departamento; por eso, comparado el presupuesto de la gobernación de Tarija equivale al presupuesto de Chuquisaca, Oruro y Beni, entonces es incomprensible cómo las gobernaciones de los departamentos citados pueden hacer inversiones, ejecutar proyectos y la de Tarija no!

Tomado del libro ”¿CÓMO SE SOSTIENE LA VIDA EN AMÉRICA LATINA? FEMINISMOS Y RE-EXISTENCIAS EN TIEMPOS DE OCURIDAD (2019), publicado por el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Disponible para libre descarga en: https://www.rosalux.org.ec/producto/como-sostiene-vida-america-latina/

Desde que llegó a Ecuador la campaña reaccionaria Con mis hijos no te metas, en octubre de 2017, se generó una enorme inquietud en la militancia y la academia feminista. Muchas nos dedicamos a pensar qué significaban estas movilizaciones masivas, cuyo epicentro era la ofensiva contra la llamada ‘ideología de género’ en los distintos países. Qué significaba su coincidencia con un nuevo y potente ciclo de feminismo callejero, iniciado en 2016, cuya fuerza se irradió desde Argentina y multiplicó expresiones en el resto del continente. Todo ello comenzó a suscitar intervenciones, encuentros e investigaciones en distintos países; este texto es un aporte en esta dirección.¹

El cruce entre estas actuaciones reaccionarias, atadas al nuevo ciclo conservador, y los caminos que están abriendo y recorriendo hoy los feminismos en movimiento es cada vez más explícito. Me preguntaba en una primera reflexión: “¿quién teme al feminismo?”. Creo que la pregunta ha redoblado su pertinencia. Estos movimientos conservadores, fundamentalistas, como los denominan algunos con su retórica antigénero, hablan y se confrontan con el feminismo, con el que promueve políticas en el Estado y con el que agita aulas, familias y barrios a través de actitudes, conversaciones y acciones cotidianas. Los fundamentalistas reafirman una renovada comprensión e interpretación del ‘otro’, las ‘otras’, ‘les otres’, así como una batería de recursos y argumentos en su contra. El lenguaje ‘contra el género’ se ha mostrado particularmente eficaz en algunos contextos, y es preciso aproximarnos a algunas de sus claves.

¿REACCIÓN A QUÉ?

En algunos de los foros se ha discutido sobre cómo llamar a esta ofensiva. Comúnmente se habla de fundamentalismo (protestantes) e integrismo (católicos). Tal y como explica Geraldina Céspedes (2018), el segundo término alude a la idea de “integrar todos los elementos de la sociedad bajo la hegemonía del poder religioso, representado por la jerarquía de la Iglesia católica”. Esto se traduce en una actitud rígida, apegada a las doctrinas, y la negativa a estimarlas y adaptarlas a la realidad de hoy. Se asume, por ejemplo, la diversidad de expresiones de la sexualidad, la crítica a la norma heterosexual que se expresa en la vida social o el cuestionamiento a las desigualdades y privilegios que se ocultan tras el celebrado canto a la diferencia entre mujeres y hombres. Se trata, en definitiva, de subordinar la regulación de la vida política a determinados preceptos de carácter único y excluyente, que lógicamente tienen un impacto en términos de invisibilidad, discriminación, rechazo y exclusión de quienes encarnan la alteridad.

Obviamente, si la única expresión correcta pasa por el binarismo de género, la familia heterosexual blanca, la subordinación de las mujeres y su representación como madres, aunque sean niñas vio- ladas o mujeres que no desean tener hijos, quienes optan por otras formas de amar, emparejarse, (no) maternar o cuestionar el poder patriarcal quedan fuera del cuadro ‘normal’, ‘natural’ de la sociedad. Que este rechazo cortocircuite las políticas de reconocimiento y resguardo de los subalternos del género y la sexualidad o se des- pliegue en políticas públicas reactivas institucionaliza en el Estado esta clase de percepciones sociales. La apelación a los principios liberales (cada uno puede pensar lo que quiera), a la que en ocasiones se recurre, puede encajar perfectamente con la aspiración integrista y fundamentalista de estos sectores. La desigualdad deja de ser un problema del orden social instituido y se difumina en un conjunto de opiniones particulares más o menos erradas.

Horacio Sivori (2018) sostiene que este concepto, fundamentalismo, ha perdido capacidad analítica para enfrentar las múltiples y proliferantes creencias que cabría agrupar en su seno. Me inclino a pensar, además, que esta denominación deja intacta la crítica al secularismo (Scott 2017), al que aludiré más adelante, y tiene el efecto de convertir a sus seguidores en un grupo de ‘bárbaros’ excesivamente alejados del común de los mortales. Los fundamentalistas siempre son otros, y ahora, más bien, la pregunta es ¿por qué, si los funda- mentalistas son tan extremistas, tan extraños, sus ideas logran tener éxito en sectores cuyo espíritu no es necesariamente radical, intolerante, fanático y antidemocrático? Las ideas pueden ser integristas, pero quienes las acogen en un momento dado pueden ser parte de sectores amplios de la sociedad, atraídos por una combinación de tradicionalismo patriarcal nostálgico renovado y crítica a la democracia realmente existente. Quienes se desmarcan y critican el ciclo progresista en la región, declarándose antipetistas o anticorreístas, no creo que se identifiquen todos ellos exactamente con la apología de la violación, el uso de armas, la pena de muerte, el racismo y la aniquilación de poblaciones no blancas o la continuidad del conflicto armado. Calificar las respuestas como ‘reaccionarias’, en plural, permite una primera identificación. El atractivo que puede llegar a suscitar esta identificación dispara los interrogantes.

La reacción frente al feminismo y su capacidad de instituirse en el Estado se ha ido evidenciando cada vez con mayor claridad (Careaga-Pérez, 2016; Corrêa, 2016; Viveros, 2017; Pecheny, Jones y Ariza, 2016; Graff, 2016; Esguerra, 2017). En las últimas décadas, distintas políticas de resguardo y reconocimiento han llegado a las instituciones, alentadas por sectores organizados que han incursionado en el Estado con distintos grados de éxito, muchas veces amparándose en declaratorias de organismos internacionales. En Colombia, por ejemplo, la aprobación del aborto en tres supuestos, el matrimonio y la adopción entre homosexuales expresan esta limitada incursión que no alcanza a otros terrenos (Bermúdez, 2018). No se trata de una historia lineal, de avances progresivos, de conquistas irreversibles, sino de una batalla muy ardua plagada de retrocesos, de muchos tira y afloja respecto a demandas; de aparición de sujetos y problemas que poco a poco han salido a la luz y han pugnado por ser reconocidos y valorados en entornos de extrema violencia.

Si consideramos el caso ecuatoriano, esto se advierte con claridad. Todo el esfuerzo de las compañeras por instituir una política de derechos sexuales y reproductivos, en educación, en salud, en participación, durante el primer período del llamado ‘ciclo progresista’ se revirtió por un nuevo pacto de poder en un momento de inestabilidad, que, a pesar de lo sembrado, se resolvió en un giro conservador. Aunque el correísmo promovió algunos avances iniciales, muchas medidas pronto quedaron a medio gas o en el aire. La derogación de Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia en 2014, mediante el desmantelamiento de la unidad ejecutora, ya marca un camino de retirada. A este le siguió una serie de medidas y declaratorias en las que el presidente, Rafael Correa, reveló la impronta de un gobierno profundamente conservador en materia sexual y de género. Para este ‘católico de izquierdas’, el aborto, las diversidades sexuales y de género, el reconocimiento a todas las expresiones de la familia, etc., pasaron a ser ‘novelerías’ frente a los auténticos problemas que aquejaban al país.² En el contexto de las movilizaciones reaccionarias en 2016, los mismos procesos de influencia de la de- recha sobre los legisladores, en este caso en relación con la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres³ o el Código de Salud, revelan la fragilidad de las propuestas ante los llamados al pánico moral. Ya sea por falta de presupuesto, por inconsistencia legal, por no estar claras las competencias y responsabilidades, o directa- mente por falta de compromiso en su implementación, las iniciativas pueden verse fácilmente truncadas. Es ahí donde, como dice Wendy Brown, reaparece el “hombre en el Estado” (Brown, 1992).

Imagen 1. Debate sobre la despenalización del aborto en caso de violación en la reforma del Código Integral Penal. Asamblea Nacional, Ecuador, 2013.

Por: Nick Ashdown

Foto: Varios activistas hacen guardia en el campamento montado cerca del yacimiento minero cercano a Kirazlı, Turquía, el 7 de agosto de 2019 (Nick Ashdown) 

En una tetería de Karaibrahimler, un pueblecito de la frondosa península de Biga, al noroeste de Turquía, jóvenes ecologistas venidos de Estambul y de la vecina ciudad de Çanakkale debaten con varios hombres de más edad, sentados a una mesa, sobre el proyecto minero aledaño para extraer oro y plata.

Siete de los lugareños trabajan en el yacimiento minero de la empresa canadiense Alamos Gold. Los hombres no ocultan su recelo y desconfianza al ser sermoneados sobre los peligros medioambientales y sanitarios de la mina. Uno de ellos da la espaldas a los activistas y les suplica que le dejen en paz.

Cerca de allí, una «zona recreativa» recien pintada de blanco brillante con un gigantesco cartel en letras doradas, añade una nota discordante al paisaje. Fue construida hace dos años por Doğu Biga, el subcontratista local de Alamos. El informe de impacto ambiental obligaba a la empresa a reunirse y a consultar a los residentes del pueblo.

Mehmet Sezgin, jefe del poblado, que luce una gorra conmemorativa del intento de golpe de Estado de 2016 en Turquía, explica que un representante de Doğu Biga va por los pueblos para informarse de sus necesidades.

«Han traído un poco de ayuda al pueblo. Cuando necesitamos algo, ellos echan una mano», dice Sezgin. «Quien quiere un empleo, consigue uno».

Otro hombre afirma que gana 3.000 liras (unos 480 euros) al mes, un buen salario para esta región, y que disfruta también de seguro médico. Los lugareños que no trabajan para Alamos como choferes o perforadores son todos agricultores. Los tiempos han sido muy duros últimamente, desde que la lira turca perdió más de un tercio de su valor y acarreó un encarecimiento de las importaciones agrícolas, entre ellas los fertilizantes.