«El acceso a la justicia en Bolivia está reconocido como un derecho autónomo, es decir, no solo implica la existencia de normas, sino la posibilidad real de ejercerlas mediante una tutela judicial efectiva. Sin embargo, en la práctica, este acceso se encuentra profundamente restringido por desigualdades estructurales que afectan especialmente a mujeres, pueblos indígenas y personas trans.
Uno de los principales problemas es la persistencia de una concepción monista del derecho, que asume una aplicación abstracta e igualitaria para todos, sin considerar las diferencias históricas y materiales entre los distintos grupos sociales. Esta visión limita la capacidad del sistema judicial para responder de manera justa a contextos de desigualdad, restringiendo así los canales de acceso a la justicia.
A esto se suma una desigualdad entre jurisdicciones. Aunque la Constitución reconoce la pluralidad jurídica, la justicia indígena no cuenta con las mismas condiciones materiales ni el mismo reconocimiento que la justicia ordinaria. Esta situación no solo responde a la falta de recursos, sino también a procesos de racialización y deslegitimación, tanto desde las instituciones estatales como desde la sociedad.
En este contexto, el acceso a la justicia deja de ser una garantía efectiva y se convierte en un espacio atravesado por múltiples barreras: económicas, burocráticas y simbólicas. Acceder a la justicia implica contar con dinero, tiempo y recursos que no están al alcance de toda la población. Por ello, más que hablar de un problema de acceso, se puede entender esta situación como una forma de violencia institucional, que limita y condiciona el ejercicio de derechos fundamentales en distintos ámbitos, desde lo familiar y penal hasta los derechos colectivos.»
Continúa escuchando la conversa con Magalí para conocer formas de organización colectiva que posibilitan un acceso integral a la justicia:
