Sólo en el año 2020, hubo 37.639 delitos vinculados a la ley 348.
Sabemos que 113 de ellos fueron feminicidios
Sabemos de sobra que de esos 30.000 delitos denunciados, más de la mitad quedó perdido en los vericuetos de la justicia indiferente y corrupta. Y eso debe cambiar.
Cuando Marianela Prada fue posesionada como Ministra de la Presidencia anunció su compromiso para luchar contra todo tipo de violencia contra las mujeres. No esperábamos menos.
Es decir, hace tiempo que habíamos dejado de esperar nada.
El año pasado estuvimos casi cuatro meses en cuarentena rígida, muchas compañeras encerradas con sus agresores, ese otro virus, más letal que el COVID-19 porque hace años que está entre nosotros y no encontramos vacuna cultural para ponerle un alto. Bolivia está entre los países con mayor índice de violencia de género de la región.
En septiembre del año pasado nos tocó salir a las calles para pronunciarnos contra las declaraciones del Comandante Rivas que, como buen hijo del patriarcado y en su calidad de funcionario público y receptor de denuncias, tuvo el desparpajo de afirmar que la víctima de una violación tenía uñas para defenderse.
La ley 348 se promulgó el año 2013 con la finalidad de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y sí, de sobra sabemos que el hecho de ser promulgada no significa que milagrosamente la justicia dejará de ser corrupta, que el agresor no comprará a los jueces, que los laberintos burocráticos dejarán de ensañarse con nuestra hambre de justicia y reparación. En muchos casos, feminicidas y violadores son liberados e incluso, se dan el gusto de reincidir sin el más mínimo sonrojo. Es más, sabemos que una parte de los denunciados por violencia familiar resultan ser miembros de la institución del orden, qué interesante. Hay un pacto de silencio con la violencia y lo peor es que es un pacto institucional.
La ley 348, una vez promulgada, colocó la violencia de género como lo que es: una violencia estructural y estructurada desde el Estado, los cuerpos, la familia y otras instituciones así de poderosas. El Estado asumió finalmente –al menos de ley para afuera– que se trata de un asunto de orden público, político, no doméstico y privado, esa mancha roja que se oculta en la casa, el colegio, el trabajo, la universidad, la asamblea, que se borra y normaliza en los moretones del cotidiano sobrevivir de tantas hermanas.
Ivan Lima afirma que la reforma apunta a permitir que la víctima decida qué quiere hacer, si ir a un juicio o conciliar. Por intermedio del Ministro de Justicia, el Estado se lava las manos. El Estado quiere convertir el castigo al delito en una decisión individual. Y la violencia es colectiva. La violencia de género es un asunto que nos toca a todas, todes, todos. El Estado, desde la boca de Iván Lima, retrocede ante la corresponsabilidad de cuidar a las mujeres y todos los cuerpos feminizados en donde el patriarcado coloca su marca de control, así de simple. Quiere encerrar la violencia de género en una burbuja privada y desligarse de la responsabilidad de castigar a los agresores pero no sólo eso, porque hay mucho más. Se desliga de la responsabilidad de garantizar políticas de protección, de desestructuración de la violencia del día a día en la que el Estado es cómplice y ahora, si se hace la reforma, será directamente agresor.
Las declaraciones de Lima violan el sentido común. La justicia ya de por sí es patriarcal. La justicia ya de por sí nos violenta y maltrata haciéndonos seguir una odisea en el proceso penal. Cansa. Bien lo saben nuestras hermanas, las valientes que se animaron a denunciar las situaciones de violencia. ¿Y ahora nos quieren servir el plato de la conciliación como solución apetecible?
Desde la boca de Ivan Lima habla el patriarcado y le decimos que no. Que no daremos ni un paso atrás. Que la agenda antiderechos no tiene cabida y que desde las organizaciones y colectivas no permitiremos este retroceso descarado que atenta contra la vida y la seguridad de las mujeres.
